Tegucigalpa, 8 julio.- La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afectará a 72.000 hondureños que han vivido legalmente en ese país desde 1999, muchos de los cuales deberán ahora buscar vías para regularizar su situación o enfrentar un posible retorno forzado a Honduras, uno de los países más pobres y violentos de América Latina.
La medida, que entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal, programada para este martes, “abre la puerta a la deportación de miles de personas y a la separación de familias hondureñas”, advirtió a EFE Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos).
La protección humanitaria fue otorgada tras el paso devastador del huracán Mitch en 1998, pero la administración del expresidente Donald Trump determinó que ya no existen condiciones extraordinarias que justifiquen su extensión. La cancelación también afectará a unos 4.000 nicaragüenses.
Según Reyes, la decisión coloca a los beneficiarios en una “situación de irregularidad migratoria”, lo que podría derivar en deportaciones masivas. En Estados Unidos residen cerca de un millón de hondureños, muchos de los cuales emigraron huyendo de la violencia, la pobreza extrema y el desempleo estructural.
Impacto económico y social en Honduras
Los efectos de esta medida trascienden lo migratorio: afectarán también a la economía nacional. Uno de cada cuatro hogares en Honduras depende de remesas, que representan el 25 % del PIB. En 2024, las remesas alcanzaron los 7.858 millones de dólares, y se proyecta que superen los 10.000 millones en 2025.
“La eliminación del TPS podría tener un impacto devastador sobre miles de familias que dependen de las remesas para sobrevivir”, subrayó Reyes, quien además instó a los afectados a explorar opciones legales, como vínculos familiares o solicitudes de refugio en caso de haber sido víctimas de violencia.
Persisten las causas estructurales de la migración
César Castillo, coordinador del Observatorio de Migración de la UNAH, cuestionó la justificación de Washington para cancelar el TPS, argumentando que Honduras sigue siendo un país “altamente vulnerable” y afectado por los mismos problemas estructurales que provocaron el éxodo migrante hace más de dos décadas.
“El 60 % de los hondureños vive en pobreza. Aunque han disminuido los homicidios, la violencia, el desplazamiento forzado y la falta de empleo siguen siendo motivo de expulsión”, explicó.
Gobierno hondureño lamenta pero no se sorprende
El canciller de Honduras, Javier Bu, lamentó la medida, aunque reconoció que “no es una sorpresa”, considerando que el expresidente Trump está cumpliendo sus promesas de campaña. “Tenemos una buena relación con la Administración Trump. Seguiremos trabajando para mejorar las condiciones de nuestros migrantes y seguiremos abogando por una reforma migratoria en Estados Unidos”, declaró.
Desde las organizaciones civiles hasta el propio Gobierno hondureño coinciden en que el país no está listo para recibir un eventual retorno masivo. La falta de oportunidades, la inseguridad y la debilidad institucional plantean un escenario incierto para los miles de hondureños que podrían verse forzados a regresar.
