Bogotá, 7 junio.- Un juez colombiano falló este viernes a favor de la senadora oficialista María José Pizarro al admitir una tutela que cuestionaba la votación del Senado del pasado 14 de mayo, en la que se negó el aval para convocar una consulta popular sobre la reforma laboral promovida por el presidente Gustavo Petro. El fallo ordena a la cámara alta resolver en un plazo de 48 horas la apelación interpuesta por la congresista.
La decisión judicial reaviva el debate político en torno al fallido intento del Gobierno de someter a votación ciudadana una serie de cambios al sistema laboral, entre ellos limitar la jornada laboral diurna a ocho horas, establecer recargos del 100 % por trabajo dominical, priorizar contratos a término fijo y otorgar mayor autonomía a los trabajadores de plataformas para definir sus condiciones laborales.
El presidente Petro celebró públicamente la decisión judicial, afirmando que constituye una prueba del “fraude” que, según él, se cometió en la votación. “Un juez acaba de tutelar nuestro derecho a la consulta popular. Determinó que hubo fraude en el Senado y ordena repetir la votación del Senado en las próximas 48 horas”, dijo durante un acto con la Armada Nacional.
La votación del 14 de mayo fue reñida, con 49 votos a favor de la consulta y 47 en contra. Sin embargo, no alcanzó la mayoría requerida para su aprobación. Desde entonces, el Gobierno y sus aliados han denunciado irregularidades en el procedimiento, alegando que se cerró la votación de forma abrupta, impidiendo la participación de algunos senadores, y que no se comunicó de manera adecuada el tema a tratar.
La mesa directiva del Senado ha rechazado las acusaciones de fraude, pero el fallo judicial considera que a Pizarro le debió ser concedido el recurso de apelación, ya que la votación fue cerrada prematuramente. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, pidió al juez desestimar la tutela por considerarla “jurídicamente improcedente, extemporánea y carente de objeto válido”.
De acuerdo con la legislación colombiana, toda convocatoria de consulta popular requiere el aval del Senado. Sin embargo, el Gobierno ha sostenido que la cámara alta no tomó una decisión definitiva, lo que llevó al presidente Petro a anunciar que expedirá un decreto para convocar directamente la consulta, una iniciativa que ha sido cuestionada por expertos constitucionalistas debido a su dudosa viabilidad legal.
En caso de que se concrete la consulta popular, deberá superar el umbral de participación establecido por la ley: al menos un tercio del censo electoral, es decir, más de 13 millones de votos.
