LIMA, 3 de marzo.— La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó este lunes la diligencia fiscal de allanamiento realizada en la casa y oficinas del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, acusando a la Fiscalía de estar aliada con un sector de la prensa para llevar a cabo lo que describió como un «golpe de Estado blanco» contra su gobierno. Durante una reunión del Ejecutivo para evaluar los daños causados por las intensas lluvias en el país, Boluarte expresó su respaldo absoluto al ministro y calificó la acción fiscal como un acto de «acoso político».
El Rechazo de Boluarte: Acusaciones Contra la Fiscalía y los Medios
La mandataria afirmó que la Fiscalía está actuando en coordinación con ciertos medios de comunicación para desestabilizar al gobierno. En particular, señaló al programa dominical Cuarto Poder, al que acusó de hostigarla a ella, a su familia y a otros miembros del gabinete desde que asumió la presidencia en diciembre de 2022.
«Desde el gabinete rechazamos totalmente este acoso político contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y nuestra total solidaridad con él y respaldo», declaró Boluarte.
La presidenta aseguró que las denuncias periodísticas presentadas por programas como Cuarto Poder han servido como base para que la Fiscalía abra investigaciones y ordene allanamientos, como el ocurrido este lunes en el domicilio y oficinas de Santiváñez.
El Caso del Ministro Santiváñez: Investigación por Abuso de Autoridad
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, es investigado por el presunto delito de abuso de autoridad, relacionado con las declaraciones del capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo. Según las acusaciones, Santiváñez habría intentado desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), una unidad de inteligencia policial que ha investigado a Boluarte y su entorno más cercano por presunta corrupción.
El allanamiento, realizado en la madrugada de este lunes, buscaba encontrar artefactos electrónicos o de comunicación que pudieran vincularse con el caso. Sin embargo, Santiváñez calificó la medida como «un manotazo de ahogado» y una «treta de la fiscal de la nación», basada en supuestas declaraciones de testigos protegidos.
«Esta medida responde a un mandato judicial por una solicitud del Ministerio Público donde la intención es encontrar artefactos electrónicos o de comunicación que puedan relacionarse o vincularse con el delito de abuso de autoridad», declaró el ministro a la prensa.
Tensión con Cuarto Poder: Un Conflicto Público
El conflicto entre Santiváñez y el programa Cuarto Poder escaló este domingo, cuando el ministro ofreció una entrevista al medio y cuestionó la seriedad del reportaje que se emitía en ese momento. El programa respondió con un comunicado en el que rechazó las acusaciones del ministro y criticó lo que consideraron un seguimiento irregular por parte de Santiváñez durante la transmisión.
Este enfrentamiento público parece haber exacerbado las tensiones entre el gobierno y los medios de comunicación, con Boluarte y su equipo acusando a Cuarto Poder de formar parte de una campaña orquestada para desestabilizar al Ejecutivo.
Un Contexto Político Frágil
El caso ocurre en un contexto de alta polarización política en Perú, donde el gobierno de Boluarte enfrenta múltiples desafíos, incluyendo investigaciones por presunta corrupción, protestas sociales y críticas por su manejo de la crisis económica y climática. Las intensas lluvias que han azotado el país en las últimas semanas han dejado decenas de muertos y miles de damnificados, aumentando la presión sobre el Ejecutivo.
La acusación de un «golpe de Estado blanco» refleja la percepción del gobierno de que está siendo objeto de una campaña coordinada para socavar su legitimidad. Sin embargo, estas declaraciones también han generado controversia, con sectores de la oposición y la sociedad civil exigiendo transparencia y responsabilidad en las investigaciones.
Tensión Entre Poderes y Medios
El allanamiento al ministro Santiváñez ha puesto de manifiesto las tensiones entre el Ejecutivo, la Fiscalía y los medios de comunicación en Perú. Mientras Boluarte y su gabinete denuncian un supuesto complot para desestabilizar al gobierno, la oposición y organizaciones civiles piden que se respete el debido proceso y se garantice la independencia de los poderes del Estado.
El caso del ministro del Interior no solo evidencia la fragilidad del actual gobierno, sino también la compleja relación entre política, justicia y medios en un país que sigue buscando estabilidad tras años de crisis institucionales.
