Washington, 30 ene. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos federales en escuelas que enseñen la teoría crítica de la raza y otros contenidos relacionados con la identidad de género. Aquellos centros educativos que no cumplan con la medida podrían perder su financiación federal.
La orden, dirigida a instituciones con estudiantes de entre 5 y 18 años, establece que los recursos del gobierno no pueden utilizarse para la “adoctrinación” de los niños con “ideologías antiestadounidenses”, en referencia a la “ideología de género radical y la teoría crítica de la raza”.
Argumentos de la Casa Blanca
En el documento firmado por Trump, la administración sostiene que la enseñanza de estos temas “vulnera las leyes de derechos civiles contra la discriminación” y “usurpa la autoridad básica de los padres”.
“El adoctrinamiento en las aulas es una amenaza para los valores fundamentales de nuestro país”, expresó el presidente en declaraciones previas a la firma.
El término “teoría crítica de la raza” ha sido utilizado por sectores conservadores para rechazar ciertos enfoques educativos sobre el racismo sistémico en EE.UU. No obstante, en el ámbito académico, esta teoría analiza cómo el racismo está arraigado en las leyes e instituciones del país.
Plan de implementación
La orden ejecutiva instruye a la futura secretaria de Educación, Linda McMahon, a desarrollar una estrategia en un plazo de 90 días para “eliminar el adoctrinamiento” en las escuelas. Sin embargo, McMahon, exejecutiva de la WWE, aún debe ser confirmada por el Senado para asumir el cargo.
Trump había prometido durante su campaña que, en caso de regresar a la Casa Blanca, firmaría de inmediato una orden para recortar fondos a escuelas que promuevan estos contenidos.
Limitaciones del Gobierno federal
A pesar de la medida, el Gobierno federal tiene un poder limitado sobre la educación en EE.UU., ya que la mayor parte del financiamiento de las escuelas proviene de fuentes estatales y locales. No obstante, esta orden ejecutiva podría generar un intenso debate sobre el papel del gobierno en la educación y los límites de la autonomía escolar.
