Las Palmas de Gran Canaria (España), 26 de agosto.- En los últimos cuatro años y medio, aproximadamente 125,000 personas han llegado de manera irregular a Europa a través de las islas Canarias, en el Atlántico, procedentes del continente africano. Este aumento significativo en la presión migratoria se agudizó en 2020, coincidiendo con el estallido de la pandemia y sus graves repercusiones sanitarias y socioeconómicas.
Desde la llegada de una patera con dos jóvenes saharauis a Fuerteventura hace 30 años, la ruta atlántica ha evolucionado, extendiéndose desde Mauritania hasta Senegal. Este trayecto ha causado un drama migratorio con miles de muertes en las travesías marítimas, aunque los datos oficiales y recuentos disponibles no abarcan todo el período.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que al menos 4,755 personas perdieron la vida en el Atlántico desde 2014 intentando llegar a las Canarias. Por su parte, la ONG española Caminando Fronteras ha documentado 18,680 muertes desde enero de 2018.
Factores como la pobreza, la sequía, las guerras y otros conflictos han impulsado a miles de personas a embarcarse en pateras y barcazas abarrotadas, a menudo con más de 300 personas a bordo. Estas embarcaciones enfrentan grandes riesgos, desde el naufragio hasta la pérdida por deshidratación o ser arrastrados a otras costas, como las de la República Dominicana o Brasil.
En 2020, el número de llegadas a las Canarias se multiplicó por 8.5 en comparación con 2019, alcanzando 23,271 migrantes en un solo año. Los datos del Ministerio del Interior español muestran un aumento continuo: 22,316 en 2021, 15,678 en 2022, 39,910 en 2023, y 23,367 hasta el 23 de agosto de este año.
El año 2023 estableció un récord de llegadas, superando las 31,678 de 2022, y se estima que 2024 podría cerrar con cifras aún mayores. En la última semana, cerca de mil personas arribaron a la isla de El Hierro, la más pequeña y occidental, que recibió 14,098 migrantes en 2023, superando la población local de 11,154.
La situación exige una respuesta urgente de las autoridades españolas, que deben garantizar condiciones dignas para miles de migrantes que han viajado en condiciones precarias, y proteger a los niños y adolescentes que llegan sin familiares. Actualmente, 5,200 menores migrantes desbordan los centros asistenciales en Canarias, y se solicita una reforma legislativa para distribuirlos entre el resto de las regiones españolas en momentos de sobresaturación.
