Redaccion, 28 de agosto.- La organización promotora y defensora de derechos humanos, Tejiendo Redes Infancia, publicó este agosto de 2026 el informe ‘Hijas e hijos de personas desaparecidas en México’. El documento revela la magnitud y consecuencias de la desaparición de personas en el país sobre sus hijas e hijos, una población prácticamente invisible para las autoridades y carente de respuestas institucionales.
El análisis del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indica que, hasta agosto, existen 103 mil 176 registros en México. Al aplicar el promedio nacional de 1.60 hijas e hijos por persona según la ENADID 2023, a parti de esto, se estima que 165 mil hijas e hijos podrían estar afectados por la crisis de desaparición. Más de la mitad de los registros corresponden a personas de 15 a 29 años, lo que refleja un alto impacto en infancias y adolescentes.
Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia, señaló que el informe no puede considerarse un conteo exacto ni sustituye un registro oficial específico; su objetivo es evidenciar la falta de información institucional sobre los vínculos familiares de las personas desaparecidas y cómo esta ausencia limita la planeación de políticas públicas de protección, atención y reparación para las víctimas indirectas.
El reporte subraya que la falta de información familiar imposibilita a las instituciones identificar a hijas e hijos como sujetos de derecho y necesidades diferenciadas, condición que se refleja en exclusión de las políticas públicas, falta de acceso a servicios y apoyos insuficientes.
Las consecuencias para quienes conviven con la ausencia prolongada de una persona desaparecida incluyen modificaciones inmediatas en la estructura del hogar y la comunidad, impactando en la salud física y emocional de niñas, niños y adolescentes. Entre ellas, Tejiendo Redes Infancias identifica las siguientes:
Mientras que a nivel internacional, el pasado 19 de marzo de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) remitió el caso de México a la Asamblea General de la ONU bajo el artículo 34 de la Convención, al encontrar indicios bien fundados de desapariciones forzadas dentro de ataques generalizados o sistemáticos, sin atribuir responsabilidad federal directa ni clasificar todos los casos como desaparición forzada. La decisión solicita cooperación técnica, financiamiento y protección para familiares y organizaciones, pero las respuestas oficiales del gobierno mexicano no contemplan acciones específicas para hijas e hijos de las víctimas.
El informe indica que tanto la legislación nacional como los estándares internacionales reconocen derechos a familiares y víctimas indirectas, aunque la implementación carece de mecanismos eficaces para identificar, proteger y proveer atención diferenciada a hijas e hijos de personas desaparecidas. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU reconoce que estos efectos alcanzan más allá de la minoría de edad; sin embargo, el Estado mexicano aún no construye registros, protocolos ni servicios adaptados.
Como parte de este análisis, Tejiendo Redes Infancia retoma el “Informe Especial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL)”. El documento incluye la participación de niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años afectados por la desaparición de un familiar. La metodología, presentada el 7 de junio de 2025, combinó registros oficiales con actividades lúdicas y diálogo directo con los menores de edad, bajo condiciones de consentimiento y acompañamiento psicológico. El trabajo fue reconocido por el CED de la ONU, que también destacó una versión adaptada para audiencias infantiles, titulada “Las aventuras del equipo valiente”.
El informe documenta que las infancias viven miedo, incertidumbre y cambios emocionales constantes; enfrentan afectaciones en su rendimiento escolar, burlas y poca sensibilidad por parte de sus escuelas; deben lidiar con trámites institucionales confusos; y transitan entornos físicos y digitales, marcados por la inseguridad. El documento también resalta que son las madres, abuelas y colectivos quienes sostienen el cuidado y la búsqueda, mientras el Estado no ofrece un respaldo suficiente sin transferirles más responsabilidades.
En sus propias palabras, recogidas de forma colectiva por el informe del CEDHNL, las hijas e hijos de personas desaparecidas piden: “Un trato sensible, estar seguras y seguros, y participar sin que nuestra historia se vuelva pública”.
