Lima, 28 de agosto.- El primer mes de gobierno de Keiko Fujimori en el Perú cerró con una agenda densa: pedido de facultades legislativas en marcha, varias emergencias atendidas y una cuota de controversias que no tardó en instalarse en el debate político. La presidenta asumió el mando el 28 de julio de 2026 con un mensaje firme y con vocación de diálogo —“el reloj ha comenzado a correr”, declaró ante el Congreso—, pero el primer tramo de su administración reveló tanto la complejidad de gobernar un país fragmentado como los límites de las promesas de campaña frente a la urgencia de los hechos.
El gabinete quedó integrado bajo la conducción de Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros, quien no ha tenido mayor presencia mediática. En las carteras con mayor peso político y económico, Fujimori apostó por perfiles técnicos y de línea conservadora: Elmer Cuba asumió Economía y Finanzas, Carlos Espá tomó Relaciones Exteriores, César Astudillo se hizo cargo de Interior, Rafael Belaúnde de Defensa y Rafael Rey de Transportes y Comunicaciones. La composición generó de inmediato cuestionamientos de bancadas opositoras y colectivos feministas, que señalaron la presencia de apenas dos ministras en un gabinete de 19 carteras. Algunas organizaciones también objetaron los perfiles de ciertos ministros en sectores como Salud, Cultura, Trabajo y el propio Transportes.
En materia de seguridad, el Ejecutivo dispuso mayor presencia policial y militar preventiva en zonas urbanas con altos índices delictivos, una medida que el gobierno presentó como señal de voluntad política, aunque sin cifras ni plazos concretos asociados al despliegue.
El pedido de facultades legislativas atravesó un inicio accidentado. Un primer borrador circuló y fue descartado tras generar cuestionamientos dentro y fuera del oficialismo. El 28 de agosto, el Ejecutivo tenía previsto presentar ante el Congreso una versión reformulada y aprobada en sesión de Consejo de Ministros, centrada en cuatro ejes: reactivación económica, seguridad ciudadana, simplificación administrativa y ajustes en materia laboral.
El aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), uno de los anuncios con mayor repercusión del mensaje presidencial del 28 de julio, cerró el primer mes sin cronograma oficial ni fecha fijada para su debate en el Consejo Nacional de Trabajo. La propuesta fue planteada por Fujimori ante la Nación, pero al término de las primeras cuatro semanas de gobierno no existía aún un mecanismo formal aprobado para su implementación.
La mejora de la Pensión 65 también fue una promesa del mensaje a la Nación; sin embargo, la misma mandataria anunció que se verá el próximo año.
En el frente económico, la presidenta anunció el destrabe de proyectos mineros y obras de infraestructura como palanca para reactivar el crecimiento. La señal apuntó a sectores que habían permanecido paralizados por trabas administrativas y conflictos sociales durante gestiones anteriores, aunque tampoco se establecieron plazos ni montos concretos para los primeros desbloqueos.
“Los cambios estructurales no ocurren de la noche a la mañana. Los resultados de las medidas que estamos implementando se empezarán a ver el próximo año”, declaró la mandataria al hacer balance de sus primeras semanas.
En el ámbito social, el gobierno anunció una reforma del sistema previsional orientada a los adultos mayores, aunque sin detallar el alcance ni el financiamiento de la iniciativa. En paralelo, presentó una propuesta de descentralización del programa Beca 18, con la incorporación de cuotas regionales prioritarias como mecanismo para ampliar el acceso a la educación superior en zonas con menor cobertura histórica.
Fujimori reiteró durante el mes su compromiso de gobernar dentro del mandato constitucional 2026-2031, con la fórmula “ni un día más” como sello de su discurso de reconciliación. La declaración apuntó a despejar cualquier especulación sobre continuismo y a tender puentes con sectores que llegaron al cambio de mando con desconfianza, tras el ajustado resultado de la segunda vuelta electoral.
