La Paz, 27 de agosto.- Luego de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara que reactivó de manera inmediata las extradiciones a Estados Unidos de cinco ciudadanos vinculados a estructuras criminales ―lo anterior como parte de un nuevo enfoque en materia de seguridad y justicia―, hizo un llamado al sometimiento a la justicia a todos los integrantes de grupos al margen de la ley.
El mandatario, a través de un mensaje oficial emitido en sus redes sociales este jueves 27 de agosto de 2026, sostuvo que “la paz se construye con hechos, justicia y autoridad, jamás sobre la base de la impunidad o el encubrimiento de criminales”.
En ese sentido, envió una fuerte advertencia a los grupos criminales que tienen presencia en el país. “Se los digo con total determinación: se acabaron los salvoconductos y los privilegios disfrazados de paz. Quien pretenda transitar hacia la legalidad tendrá que someterse a la justicia sin dilaciones. La seguridad de los colombianos y la soberanía de nuestras leyes no se negocian”, dijo.
De acuerdo con el mensaje presidencial, su posición va a marcar distancia respecto a la llamada Paz Total de Gustavo Petro, al considerar que esta política “fracasó en su propósito fundamental, porque abrió espacios y concedió beneficios a integrantes de estructuras criminales sin que se acreditaran aportes verificables y resultados concretos para la consecución de la paz”.
Según De la Espriella, el nuevo modelo estatal prioriza la legalidad, la autoridad y una cooperación internacional fortalecida, especialmente con Estados Unidos.
El jefe de Estado dejó en firme la decisión de extraditar a Willington Enao Gutiérrez, alias “el Mocho Olmedo”; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias “Muñeca”; y Giovanny Andrés Rojas, alias “Araña”, quienes permanecen bajo custodia de las autoridades colombianas. Además, Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”, y Freddy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, serán extraditados en cuanto se concrete su captura, ya que actualmente se encuentran prófugos.
De la Espriella confirmó que la solicitud de extradición proviene de autoridades judiciales estadounidenses por presuntos delitos asociados al narcotráfico, lavado de activos, porte de armas, concierto para delinquir y narcoterrorismo.
Según declaró el presidente, tras analizar cada expediente con la oficina del consejero comisionado de paz, “no encontramos acreditados aportes verificables ni resultados concretos de estas personas a la consecución de la paz. Todo lo contrario, han seguido delinquiendo, burlándose de la justicia y de la sociedad colombiana”.
Las resoluciones ejecutivas firmadas en 2025, aclaró, establecían que la suspensión de las extradiciones estaba condicionada a la demostración de aportes a la paz, condición que no fue cumplida.
La exministra de Justicia Ángela María Buitrago afirmó que su salida del gobierno de Gustavo Petro estuvo vinculada a intromisiones de la Oficina del Comisionado de Paz en trámites de extradición de cabecillas criminales, un procedimiento que, según ella, no correspondía a esa entidad.
