Edmonton, 9 mayo.- El intento de impulsar un referéndum sobre la separación de Alberta de Canadá quedó temporalmente bloqueado por una disputa judicial relacionada con los derechos de las Primeras Naciones, pese a que una petición separatista presentada ante Elections Alberta superó ampliamente el número mínimo de firmas requeridas.
La iniciativa, promovida por el grupo Stay Free Alberta y liderada por Mitch Sylvestre, entregó más de 300.000 firmas el pasado 4 de mayo para solicitar la consulta popular, en medio de un creciente debate político sobre el separatismo en la provincia.
Sin embargo, el proceso permanece suspendido tras una orden judicial provisional emitida en abril por la jueza Shaina Leonard, del Tribunal del Banco del Rey de Alberta. La magistrada prohibió temporalmente a Elections Alberta validar y certificar las firmas mientras se resuelve una demanda presentada por varias Primeras Naciones.
Las comunidades indígenas sostienen que una eventual separación de Alberta violaría los derechos establecidos en los Tratados 6, 7 y 8, firmados con la Corona antes de la creación oficial de la provincia en 1905. Según los demandantes, cualquier intento de secesión afectaría acuerdos históricos protegidos constitucionalmente.
El litigio representa el más reciente capítulo de una larga disputa judicial en torno a las iniciativas separatistas. El año pasado, una primera petición promovida por el mismo grupo fue llevada a los tribunales después de que el director electoral Gordon McClure solicitara una revisión sobre su constitucionalidad.
En diciembre, el juez Colin Feasby concluyó que el separatismo no podía promoverse mediante la Ley de Iniciativa Ciudadana debido a posibles violaciones constitucionales y a los derechos derivados de los tratados indígenas.
No obstante, el Gobierno provincial liderado por el Partido Conservador Unido (UCP) modificó posteriormente la legislación, eliminando el requisito de revisión constitucional previa y limitando la capacidad de Elections Alberta para impugnar legalmente las preguntas propuestas en futuras iniciativas ciudadanas.
Esos cambios permitieron a los separatistas volver a presentar una nueva petición bajo las normas reformadas, lo que derivó en la actual batalla judicial impulsada por las Primeras Naciones.
Aunque la validación de firmas está suspendida, la posibilidad de un referéndum no ha sido descartada completamente. La legislación provincial también contempla la opción de convocar consultas populares mediante la Ley de Referéndum, lo que permitiría al Gobierno provincial incluir una pregunta separatista en futuras votaciones sin depender directamente del proceso de iniciativa ciudadana.
El ministro de Justicia de Alberta, Mickey Amery, declaró que el Ejecutivo espera la decisión definitiva de los tribunales antes de tomar nuevas medidas, reiterando que el Gobierno respalda “una Alberta fuerte dentro de un Canadá unido”.
El conflicto se produce además en medio de otra controversia relacionada con el movimiento separatista. Recientemente, un juez ordenó al grupo Centurion Project eliminar una base de datos digital que contenía información personal de votantes, tras denuncias de uso indebido de listas electorales provinciales.
La Policía Montada de Canadá (RCMP) mantiene abierta una investigación sobre el caso, mientras expertos advierten que la combinación de litigios, tensiones constitucionales y acusaciones sobre manejo de datos personales podría intensificar aún más la polarización política en Alberta.
