Toronto, 7 de febrero.- Un día después de que saliera a la luz una investigación por corrupción policial en Toronto que sacudió a la región del Gran Toronto, la Policía Regional de Peel anunció la suspensión administrativa de tres de sus agentes, una decisión que, aunque preventiva, vuelve a poner en entredicho los mecanismos de control interno y supervisión policial en Canadá.
Un portavoz de la fuerza policial de Peel confirmó que los oficiales fueron apartados de sus funciones mientras avanza una investigación liderada por la Policía Regional de York (YRP), que el jueves presentó cargos contra siete agentes activos de la Policía de Toronto y un oficial retirado, en el marco del denominado Proyecto Sur.
Las acusaciones, de extrema gravedad, incluyen soborno, obstrucción de la justicia, tráfico de drogas, robo de propiedad personal, abuso de confianza y acceso y distribución no autorizados de información confidencial, delitos que evidencian una penetración profunda del crimen organizado dentro de cuerpos policiales encargados precisamente de combatirlo.
Suspensiones preventivas, pero sin imputaciones
Aunque ningún agente de la Policía Regional de Peel ha sido formalmente acusado hasta el momento, la institución optó por suspender administrativamente a tres oficiales “para proteger la integridad de la investigación”, una medida que, para analistas, llega tarde y refleja una reacción defensiva más que una política proactiva de transparencia.
La propia Peel Regional Police evitó hacer comentarios adicionales, limitándose a señalar que la investigación de York es “exhaustiva y está en curso”, una fórmula habitual que, según críticos, alimenta la desconfianza pública en lugar de disiparla.
Redes criminales y filtración de información sensible
El subdirector de la Policía Regional de York, Ryan Hogan, detalló que los agentes implicados habrían mantenido vínculos directos con redes criminales organizadas, llegando incluso a facilitar información confidencial en tiempo real para apoyar actividades delictivas graves.
Entre los episodios más alarmantes figura una presunta conspiración para asesinar a un trabajador de una institución correccional de Ontario, quien habría sido vigilado durante al menos 36 horas por individuos armados que acudieron repetidamente a su domicilio en la región de York.
Según Hogan, imágenes de cámaras de seguridad muestran a sospechosos encapuchados y armados ingresando a la vivienda y, en un momento crítico, embistiendo una patrulla policial estacionada en el lugar, lo que evidencia el alto nivel de impunidad con el que operaban.
Las autoridades alegan que el agente de Toronto Timothy Barnhardt accedió ilegalmente a información confidencial sobre la víctima y la filtró a Brian DaCosta, señalado como figura clave del crimen organizado en el área metropolitana de Toronto. Esa información habría sido redistribuida posteriormente a otras redes criminales, agravando el riesgo para la víctima.
Otros oficiales, como Elias Mouawad, John Madeley Jr. y su padre, el agente retirado John Madeley Sr., también están acusados de acceder y difundir datos reservados para apoyar actividades ilícitas.
Sobornos, drogas y robos desde dentro
La investigación sostiene además que varios agentes, entre ellos Robert Black, Saurabjit Bedi y Carl Grellette, habrían aceptado sobornos para interferir en investigaciones relacionadas con dispensarios ilegales de cannabis, lo que plantea serias dudas sobre la integridad de los operativos antidroga en la región.
Otro caso especialmente grave involucra al agente Derek McCormick, acusado de robar bienes personales desde una comisaría, incluyendo licencias de conducir, tarjetas sanitarias y pasaportes, documentos sensibles que podrían facilitar delitos de identidad.
Un problema estructural
En total, 19 sospechosos adicionales, incluidos dos menores de edad, fueron arrestados y acusados en relación con el Proyecto Sur, ampliando el alcance de una investigación que deja al descubierto fallas estructurales en los sistemas de supervisión policial, intercambio de información y control interno.
Mientras líderes políticos y autoridades prometen “tolerancia cero”, el caso refuerza la percepción de que el crimen organizado logró infiltrarse durante años en cuerpos policiales clave, sin ser detectado o frenado a tiempo, poniendo en jaque la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública.
