Teherán, 12 ene.- Al menos 648 manifestantes han perdido la vida como consecuencia de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad de la República Islámica de Irán contra el movimiento de protesta que sacude al país, según datos difundidos este lunes por la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega. La cifra corresponde únicamente a víctimas verificadas y podría ser considerablemente mayor.
El director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, advirtió que la magnitud real de la represión podría superar con creces los datos confirmados y sostuvo que “la comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles frente a la matanza masiva perpetrada por la República Islámica”. De acuerdo con estimaciones manejadas por la organización, el número total de fallecidos podría superar los 6.000, aunque el bloqueo casi total de Internet impuesto por las autoridades durante varios días ha dificultado de forma extrema la verificación independiente de la información.
Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre tras el colapso del rial iraní, que llegó a cotizarse en torno a 1,42 millones por dólar, un mínimo histórico que aceleró la inflación y disparó los precios de alimentos y gasolina. El estallido social se inició en mercados del centro de Teherán y se extendió rápidamente a más de 280 localidades en 27 provincias.
Organizaciones civiles denunciaron que, desde los primeros días, las fuerzas de seguridad respondieron con represión violenta, cortes de Internet y amenazas de pena de muerte contra los manifestantes. Según recuentos paralelos de activistas, el número de víctimas mortales superaba ya las 500 personas en los primeros compases de la revuelta.
El 29 de diciembre, ante la expansión de las protestas, el presidente del Banco Central de Irán, Mohammad Reza Farzin, presentó su renuncia, mientras la policía utilizaba gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Un día después, el presidente iraní Masoud Pezeshkian mantuvo reuniones con líderes empresariales y prometió medidas para contener la crisis económica, sin lograr frenar la violencia en las calles.
Los episodios más graves se registraron el 1 de enero en la ciudad de Azna, en la provincia de Lorestán, donde circularon videos de enfrentamientos, incendios y disparos con munición real. También se reportaron muertes en las provincias de Chaharmahal y Bakhtiari e Isfahán, además del asesinato de un voluntario de la fuerza Basij, vinculada a la Guardia Revolucionaria.
La escalada represiva generó reacciones internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió públicamente que, si Irán continuaba “matando violentamente a manifestantes pacíficos”, Washington podría intervenir para protegerlos, en un contexto de elevada tensión tras recientes bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes.
Mientras tanto, activistas y organizaciones de derechos humanos continúan alertando sobre la falta de información fiable debido a la censura y el aislamiento digital, en un país donde la crisis económica, la inflación descontrolada y la represión política han configurado uno de los escenarios más graves de violencia interna de los últimos años.
