Quebec, 18 Dic.— Una petición en línea presentada ante la Asamblea Nacional de Quebec exige al gobierno provincial restaurar los servicios de acogida para solicitantes de asilo en la capital quebequense, tras una serie de recortes que, según expertos y organizaciones comunitarias, han dejado a esta población en una situación de extrema vulnerabilidad.
La iniciativa, lanzada a mediados de noviembre, es impulsada por el Sindicato de profesionales en cuidados de la región de la Capital Nacional (FIQ-Santé), cuenta con el respaldo del Centro Multiétnico de Quebec y del diputado Étienne Grandmont, del partido Quebec Solidario, y busca revertir decisiones adoptadas por el gobierno del primer ministro François Legault.
Según Paula Torres, responsable de proyectos y técnica en intervención social del Centro Multiétnico de Quebec, la ciudad pasó en pocos meses de contar con un sistema de acogida sólido a ver cómo este se desmantelaba casi por completo. “Hoy, cientos de personas se encuentran sin información básica para su integración y, en muchos casos, para su propia supervivencia”, advirtió en entrevista con Radio-Canada International.
Torres explicó que una parte importante de los afectados son solicitantes de asilo latinoamericanos, incluidos mexicanos, venezolanos, colombianos, chilenos y peruanos, que ahora enfrentan mayores riesgos de falta de vivienda, explotación laboral y pérdida de estatus migratorio.
Fin de un programa clave
El origen de la crisis se remonta al fin del programa piloto de regionalización de la recepción de solicitantes de asilo, iniciado en 2023 y concluido en abril de este año. El proyecto buscaba aliviar la presión migratoria en Montreal, redistribuyendo a los solicitantes hacia otras regiones, comenzando por la ciudad de Quebec.
Gracias a este programa, el Centro Multiétnico y otras organizaciones, como el Servicio de ayuda para la adaptación de inmigrantes (SAAI), pudieron ofrecer alojamiento temporal, acompañamiento social y apoyo en los trámites migratorios, esenciales para los recién llegados. Durante su vigencia, el Centro llegó a atender hasta 700 solicitantes de asilo al año.
Con el cierre del programa, los servicios quedaron reducidos al alcance limitado del Programa de acompañamiento y apoyo a la integración (PASI). “Todo lo que conocían ahora está cerrado. Solo escuchan ‘no se puede’ o ‘no es posible’”, lamentó Torres.
Recortes en salud y servicios sociales
El fin de la regionalización vino acompañado de recortes estructurales en la red pública de salud, incluida la abolición de cuatro puestos de enfermería y cuatro de trabajo social en el CIUSSS de la Capital Nacional. Estos equipos mantenían una coordinación directa con los organismos comunitarios y facilitaban el acceso a atención médica, psicológica e intérpretes, clave para una población que enfrenta barreras lingüísticas.
Aunque los solicitantes de asilo siguen teniendo acceso a servicios del CIUSSS, Torres aseguró que los procesos se han vuelto más lentos y complejos, afectando especialmente a personas con necesidades urgentes.
Golpe a la ayuda jurídica y a la francización
Otro factor de inestabilidad es el cierre previsto de la oficina de ayuda jurídica en inmigración de Quebec, programado para el 31 de marzo de 2025, tras la no renovación del financiamiento gubernamental. Antes de su apertura, los servicios legales se concentraban en Montreal, obligando a los solicitantes de otras ciudades a desplazarse sin recursos suficientes, lo que los exponía al fraude y a la pérdida de estatus.
A ello se suma el cierre de clases de francés tras el fin del programa de regionalización. La francización, considerada esencial para la integración en una sociedad francófona, también incluía ayudas financieras y subsidios para guarderías, ahora eliminados.
“Ellos nos dicen: ‘estoy haciendo todo lo que me piden, pero las puertas siguen cerradas’”, relató Torres.
Ayuda social insuficiente
La situación económica se agravó con la eliminación de un suplemento mensual de entre 15 y 30 dólares destinado a compensar que los solicitantes de asilo no tienen acceso al crédito de solidaridad. Actualmente, una persona sola recibe alrededor de 829 dólares mensuales, mientras que una familia de cuatro vive con poco más de 1.100 dólares, en un contexto donde el alquiler puede superar los 900 dólares al mes.
Torres rechazó la idea de que los solicitantes de asilo dependan indefinidamente de la ayuda social. “La gran mayoría quiere trabajar lo antes posible”, afirmó, señalando que muchos buscan empleo para sostenerse y ayudar a sus familias en sus países de origen.
Un panorama preocupante
La petición ante la legislatura provincial solicita restablecer los programas de acogida, revertir los recortes en salud y anular la reducción de la ayuda social. De no prosperar, las organizaciones advierten un aumento de la población en situación de calle, desalojos masivos y un mayor riesgo de trabajo ilegal, explotación y deportaciones por simple desinformación.
Torres teme que, sin apoyo institucional, muchos solicitantes de asilo se vean forzados a migrar a otras provincias, repitiendo el mismo ciclo de precariedad. La recolección de firmas para la petición permanecerá abierta hasta el 18 de febrero de 2026.
