Caracas, 31 Oct.- El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz solicitó este viernes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la retirada de la nacionalidad venezolana al opositor Yon Goicoechea, a quien atribuye llamados públicos a «solicitar y cooperar con fuerzas extranjeras para la invasión y ocupación militar de Venezuela», así como exhortos a perseguir y «exterminar» a funcionarios de seguridad y a realizar «asesinatos masivos» de ciudadanos vinculados a movimientos populares.
En un comunicado oficial, la cartera indicó que, además de la petición al TSJ, se procederá a «tomar las medidas administrativas» necesarias para «la eliminación de todo documento que lo identifique como ciudadano venezolano», lo que incluiría la anulación de pasaporte y otros registros de identidad en los registros civiles y migratorios, según el texto difundido por la institución.
Goicoechea, que mantiene la ciudadanía española y dice residir fuera de Venezuela, publicó recientemente mensajes en su cuenta de X en los que cuestiona las posibles sanciones: «¿Qué me van a quitar? ¿Mi sentimiento? ¿Haber nacido en Venezuela? No tienen poder para eso», respondió al ser señalado en redes por otros usuarios políticos. En otra publicación aseguró que no le han expedido documentos venezolanos «desde hace años».
La solicitud del Ejecutivo se inscribe en una ofensiva más amplia contra figuras opositoras a las que el chavismo acusa de promover acciones que vulneran la soberanía nacional. Hace una semana el presidente Nicolás Maduro presentó ya ante el TSJ un recurso idéntico contra el exalcalde y líder opositor Leopoldo López, exiliado desde 2020 en España, y la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez anunció entonces la intención de anular el pasaporte de López.
El auto del Ministerio enfatiza que la petición se fundamenta en «llamados públicos» atribuidos a Goicoechea —presuntamente difundidos en redes sociales y en declaraciones públicas— y en la gravedad de las conductas que, según el Gobierno, constituyen incitación a la violencia y a la colaboración con fuerzas extranjeras hostiles. No obstante, el texto oficial no detalla pruebas materiales públicas que acompañen la solicitud, por lo que el asunto queda ahora en manos del TSJ para decidir si admite la demanda y abrir el procedimiento correspondiente.
Fuentes jurídicas consultadas por distintos medios recuerdan que la pérdida de la nacionalidad —cuando se plantea en Venezuela por causas de seguridad o traición— suele conllevar un proceso judicial o administrativo que debe respetar garantías formales y que permite la presentación de pruebas y la defensa del afectado. En la práctica política venezolana, sin embargo, estos procesos han generado fuertes controversias y reacciones en la oposición y en organizaciones defensoras de derechos humanos que advierten sobre el uso de la normativa de nacionalidad como herramienta de persecución política.
La medida se produce en un contexto de fuerte tensión geopolítica en la región: Caracas viene denunciando desde hace semanas un reforzamiento del despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en el Mar Caribe, que el Gobierno interpreta como una presión encaminada a provocar un cambio de régimen. El Ejecutivo de Maduro ha vinculado las maniobras externas con la actuación de opositores que —según sus declaraciones— llaman abiertamente a la intervención extranjera.
Reacciones preliminares de la oposición tildaron la solicitud de «intento de deslegitimación y represalia política», y activistas y exiliados advierten de que la anulación de la nacionalidad complica el retorno seguro de dirigentes críticos y restringe sus derechos civiles y políticos. Fuentes del entorno de Goicoechea han señalado en redes que defenderán su situación jurídica ante cualquier decisión administrativa o judicial y reiteraron su condición de ciudadano español.
Con la petición formalizada ante el TSJ, el siguiente paso será la admisión a trámite del recurso por parte del alto tribunal, la notificación a Goicoechea para que ejerza su derecho a defensa y la evaluación de las pruebas aportadas por el Ministerio. Dependiendo del resultado, la sentencia del TSJ podría abrir la vía a la anulación administrativa de documentos y a la inscripción de la pérdida de la nacionalidad en registros oficiales, con las consecuencias legales y prácticas que ello conlleva para el afectado.
