Ciudad de México, 2 oct (Hispanic Post).- Tres semanas después del incendio de un camión cisterna con gas licuado de petróleo que dejó 31 muertos y casi un centenar de heridos en la capital mexicana, el gobierno federal reconoció fallos en la supervisión de seguridad y anunció la entrada en vigor de nuevas normas más estrictas para el transporte de este combustible.
La presidenta Claudia Sheinbaum admitió este jueves durante su conferencia matutina que hasta ahora no había un control efectivo: “En pocas palabras, antes no había inspección, ahora va a haber inspección”.
El accidente que encendió las alarmas
El pasado 10 de septiembre, un camión con casi 50.000 litros de gas LP perdió el control al tomar una curva a exceso de velocidad en el oriente de la ciudad. El vehículo impactó contra los muros de una autopista bajo un puente y explotó, incendiando una treintena de vehículos.
De acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina, hasta la fecha se contabilizan 31 fallecidos —incluido el conductor—, 13 personas aún hospitalizadas y 40 pacientes que ya fueron dados de alta.
Las nuevas medidas de seguridad
El gobierno federal publicará este viernes en el Diario Oficial de la Federación una serie de regulaciones reforzadas que incluyen:
- Controles de velocidad obligatorios en todos los camiones de transporte de gas.
- Sistemas GPS monitoreados en tiempo real por un centro de vigilancia de la Secretaría de Energía.
- Inspecciones más profundas a las unidades, tanto internas como externas, para verificar el cumplimiento de programas de mantenimiento.
- Capacitación especializada de conductores, con énfasis en la prevención de accidentes.
Aunque la instalación de GPS ya era obligatoria, Sheinbaum reconoció que nunca se había dado seguimiento efectivo a la información generada por esos sistemas.
Un problema nacional
El siniestro de septiembre es considerado uno de los más graves en la historia reciente de la Ciudad de México, y ha puesto en la mira a los miles de camiones que diariamente transportan gas licuado a lo largo del país. Este combustible es esencial en la vida cotidiana, ya que la mayoría de los hogares y negocios lo utilizan para cocinar y calentar agua.
El endurecimiento de las normas busca no solo prevenir tragedias similares, sino también recuperar la confianza ciudadana en un sector estratégico para la seguridad energética nacional.
