Madrid, 11 agosto.- La Fiscalía de Madrid ha solicitado imputar a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presunto intento de soborno a dos fiscales, José Grinda e Ignacio Stampa, a cambio de información comprometida. En el mismo decreto, también se pide imputar al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol.

El escrito, fechado el 17 de julio, fue enviado al juez del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, quien ya investiga a Díez por supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias. La exmilitante está citada a declarar el 11 de noviembre.

Los fiscales denunciaron los intentos de soborno ante sus superiores. Grinda, fiscal Anticorrupción, alertó en febrero haber recibido un escrito, atribuido a altos cargos del Estado, que le ofrecía un destino en el extranjero y compensación por demandas civiles, a cambio de archivar investigaciones y revelar información comprometedora sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Por su parte, Stampa se reunió en mayo con Díez y Pérez Dolset, quienes le pidieron información sobre investigaciones sensibles y supuestas irregularidades en la Fiscalía, a cambio de apoyar recursos presentados para lograr plaza fija. Esta reunión fue grabada y reportada a la fiscal superior de Madrid.

El juez Zamarriego rechazó incorporar estas pesquisas al caso, decisión que la Fiscalía apeló ante la Audiencia Provincial de Madrid, que decidirá si unifica ambas investigaciones.

Las investigaciones contra Díez comenzaron tras la difusión de una grabación en la que dialogaba con el empresario huido Alejandro Hamlyn para obtener datos sobre el responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La imputación deriva de una denuncia de Hazte Oír, que acusaba a Díez de intentar bloquear las investigaciones de la UCO sobre presuntos delitos de dirigentes socialistas.

Existen además otras causas abiertas contra Díez por denuncias de asociaciones de guardias civiles y organismos como Iustitia Europa, que investigan posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho vinculados a maniobras para socavar la Guardia Civil.

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