Redacción, 29 de octubre.- Un total de 40 personas detenidas en Honduras bajo la nueva legislación contra estructuras criminales ya cumplen un régimen de máxima seguridad que contempla 23.5 horas diarias de encierro, confirmó el portavoz de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), capitán Óscar Padilla.
Los privados de libertad sometidos a estas medidas solo disponen de 30 minutos al día para exponerse al sol y deben permanecer bajo vigilancia permanente.
De acuerdo con el oficial, desde la aprobación de la nueva normativa las autoridades han detenido a 68 personas señaladas como integrantes de organizaciones declaradas terroristas.
Sin embargo, las 28 restantes todavía esperan avanzar en sus respectivos procesos judiciales antes de quedar sujetas a todas las restricciones contempladas en el régimen.
Padilla explicó que la aplicación de las medidas depende de la situación procesal de cada detenido. Quienes todavía no han pasado por su primera audiencia permanecen a la espera de la correspondiente judicialización de sus casos, por lo que aún no se encuentran sometidos a la totalidad de las disposiciones de máxima seguridad.
La legislación establece condiciones especiales de reclusión para las personas capturadas por su presunta vinculación con organizaciones criminales reconocidas como terroristas.
Entre sus principales disposiciones figura el internamiento en centros penitenciarios de máxima seguridad, con permanencia en áreas de aislamiento incluso mientras se desarrolla el proceso judicial.
En septiembre pasado, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, una normativa que declaró asociaciones terroristas a la Pandilla 18, la MS-13 y el Cártel del Diablo.
La nueva legislación busca establecer condiciones penitenciarias diferenciadas para quienes sean identificados por las autoridades como integrantes de estas estructuras.
Su aplicación contempla medidas de control, aislamiento y vigilancia destinadas a restringir la movilidad de los reclusos y sus posibilidades de mantener comunicaciones no autorizadas.
