Redacción, 28 de octubre.- Un exhaustivo informe presentado este miércoles por la organización Human Rights Watch (HRW) reveló indicios alarmantes de ejecuciones extrajudiciales durante la operación policial más letal en la historia de Río de Janeiro, realizada hace exactamente un año. De acuerdo con el análisis forense de la masacre que dejó 122 muertos —117 civiles y cinco agentes— en los complejos de favelas La Penha y El Alemão, casi el 75% de las víctimas civiles recibió disparos por la espalda y más del 40% sufrió impactos en la cabeza, lo que evidencia un uso deliberado y desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades estatales en su pretendida ofensiva contra el crimen organizado.
La investigación, respaldada por expertos del Grupo Independiente de Especialistas Forenses del Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura, determinó que más del 60% de los fallecidos presentó cuatro o más impactos de bala. El hallazgo forense contrasta severamente con las versiones oficiales que justificaban la incursión como un enfrentamiento armado defensivo. Asimismo, el organismo internacional denunció graves omisiones operativas y de transparencia: ninguna de las muertes quedó registrada en las cámaras corporales de los agentes desplegados. A pesar de que su uso es legalmente obligatorio en el estado de Río de Janeiro, apenas el 23% de los 2.500 efectivos participantes portaba dichos dispositivos, y un 55% de las grabaciones obtenidas fue interrumpido intencionadamente antes de que ocurriera el mayor volumen de decesos.
El operativo, diseñado presuntamente para ejecutar 100 órdenes de aprehensión contra altos mandos del Comando Vermelho —una de las facciones criminales más influyentes de Brasil—, concluyó con un saldo desproporcionado de solo siete sospechosos heridos y detenidos frente a los 117 civiles muertos. Los registros oficiales revelan que, de los 99 fallecidos plenamente identificados, únicamente 17 tenían órdenes de arresto pendientes, sin que se haya acreditado fehacientemente su vinculación con la cúpula del grupo delictivo. HRW constató además que la policía no preservó las escenas del crimen, omitió la recolección de pruebas periciales básicas e ignoró el registro de datos elementales sobre 115 de las víctimas fatales, obstaculizando de forma sistemática el esclarecimiento judicial de los hechos.
Para articular este contundente expediente, HRW examinó más de 4.400 horas de video, 122 informes de autopsia, 9.000 páginas del expediente judicial y recopiló testimonios directos de 41 testigos y familiares. Las implicaciones de este informe vuelven a colocar a Brasil bajo el escrutinio internacional en materia de derechos humanos y seguridad pública, exponiendo la ineficacia y el sesgo letal de las intervenciones policiales militarizadas en zonas vulnerables. Diversas organizaciones civiles exigen ahora reformas estructurales urgentes, investigaciones independientes dirigidas por la Fiscalía Federal y la implementación estricta de protocolos de rendición de cuentas que pongan fin al patrón de impunidad enquistado en las fuerzas de seguridad del país sudamericano.
