Montevideo, 28 de octubre.- La Justicia de Uruguay condenó a la corredora de bolsa Sara Goldring por un delito continuado de apropiación indebida, tras comprobarse que utilizó fondos de sus clientes para encubrir millonarias pérdidas financieras provocadas por el colapso del mercado tecnológico tras la pandemia. Quien fuera la primera mujer en integrar la Bolsa de Valores de Montevideo evitó la prisión efectiva mediante un acuerdo abreviado con la Fiscalía que la obliga a resarcir a las víctimas con un monto total de 14 millones de dólares.
El fallo ratificado por el juez Alejandro Asteggiante establece una pena de 24 meses de libertad a prueba para la exdirectora de Custodia Valores Mobiliarios (CVM), sustituyendo la solicitud inicial de cuatro años de cárcel realizada por el fiscal Enrique Rodríguez. Las medidas impuestas a Goldring incluyen seis meses de arresto domiciliario nocturno, fijación de domicilio formal, presentaciones semanales ante la autoridad policial y la realización de trabajo comunitario. En el ámbito patrimonial, la imputada deberá abonar un millón de dólares por concepto de reparación directa del perjuicio, suma que se añade a los casi 13 millones fijados en el acuerdo civil alcanzado con los damnificados.
La investigación judicial detalló que las maniobras fraudulentas generaron un impacto económico original cercano a los 21 millones de dólares. Amparándose en los mandatos de libre administración otorgados por sus clientes, la corredora vendió opciones de venta de alto riesgo y operó mediante el uso de ‘cuentas ómnibus’ en instituciones financieras del exterior. Tras la drástica desvalorización de acciones en el mercado Nasdaq durante el año 2022, Goldring utilizó sistemáticamente el capital de nuevos o diferentes inversores para saldar las pérdidas de otros y maquillar la caída de los saldos, evitando así una inminente corrida de fondos.
El esquema de restitución fue aceptado por casi el 83% de los acreedores perjudicados, lo que permitirá a la mayoría de los afectados recuperar el 60% del capital reclamado. La Fiscalía confirmó que ya se han ejecutado pagos iniciales por 2,7 millones de dólares y que la condenada aceptó el decomiso de 6,8 millones de dólares depositados en cuentas bancarias de Estados Unidos. Este histórico dictamen marca un hito en la regulación de los mercados de capitales en el Cono Sur y expone las graves deficiencias en la gestión fiduciaria de carteras de inversión de alto riesgo.
