La paz, 22 de octubre.- El chavismo y un sector de la oposición acordaron este miércoles iniciar la revisión de varias leyes y crear una comisión paritaria para gestionar el oro retenido en el Banco de Inglaterra, al término de la tercera ronda de unas negociaciones que cuentan con el respaldo de Estados Unidos.
Tras una semana de conversaciones, las partes pactaron la revisión de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, específicamente “lo inherente al proceso de inhabilitaciones” políticas.
Este pronunciamiento se da en un momento en el que la oposición ha exigido que se le retire la inhabilitación política a su líder y premio nobel de la paz, María Corina Machado -quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre pasado- y que pueda regresar a su país para poder participar en eventuales elecciones.
Ni Machado ni el líder opositor Edmundo González Urrutia participan directamente en estas negociaciones. Sin embargo, han dicho que esperan que estas conversaciones logren un “cronograma electoral presidencial oportuno”.
La jefa de la delegación opositora en el diálogo, Dinorah Figuera, reconoció este miércoles que la “gran demanda” de Venezuela es que se celebren elecciones presidenciales, que ha planteado sean en 2027, y aseguró que tiene la voluntad para que esto se concrete.
En este contexto, Figuera reiteró que Estados Unidos está interesado en “acompañar ese proceso de estabilización democrática y de garantías políticas para el futuro del país”.
La opositora aspira a que los comicios presidenciales en Venezuela se celebren después de desmotar el “aparato” alrededor del sistema electoral y de que se obtengan las condiciones que garanticen la credibilidad de la votación, según dijo en una entrevista al diario venezolano El Nacional difundida hoy.
Los partícipes en el diálogo también acordaron revisar la definición y tipificación del terrorismo en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
El delito de terrorismo fue imputado a una gran cantidad de personas tras las presidenciales de 2024, que fueron acusadas de vandalismo y violencia, y calificados por el entonces fiscal general, Tarek William Saab, como terroristas en medio de una crisis poselectoral.
Ese año, el abogado Joel García dijo a EFE que la acusación de terrorismo era “un patrón sistemático y generalizado” contra la población disidente al Gobierno entonces presidido por Nicolás Maduro, quien fue proclamado en 2024 como ganador de las presidenciales por un ente electoral controlado por rectores afines al chavismo y que no publicó los resultados detallados.
