Caracas, 3 de julio.- Los devastadores terremotos en Venezuela del pasado 24 de junio, que han dejado al menos 2.595 fallecidos, más de 12.400 heridos y miles de damnificados, han abierto un nuevo frente de discusión sobre la seguridad estructural de los edificios levantados bajo la Gran Misión Vivienda Venezuela, uno de los programas sociales más emblemáticos del chavismo.
Diversos especialistas, organizaciones profesionales y sectores de la sociedad civil han solicitado la realización de auditorías técnicas independientes para determinar si los daños registrados en numerosos complejos habitacionales obedecen únicamente a la fuerza del sismo o si también influyeron posibles deficiencias en el diseño, la construcción, los materiales utilizados o la supervisión de las obras.
Un programa emblemático bajo revisión
La Gran Misión Vivienda Venezuela fue creada en 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez como respuesta al déficit habitacional generado tras las fuertes lluvias ocurridas a finales de 2010.
Posteriormente, el expresidente Nicolás Maduro amplió el programa y fijó como objetivo la construcción de cinco millones de viviendas antes de 2025, convirtiéndolo en uno de los principales estandartes de la política social del chavismo.
Sin embargo, tras los recientes terremotos, varias edificaciones ubicadas principalmente en el estado La Guaira sufrieron daños estructurales de diversa consideración, lo que ha generado nuevas dudas sobre la resistencia sísmica de algunos inmuebles.
Ingenieros piden investigaciones independientes
Representantes del Colegio de Ingenieros de Venezuela y expertos en ingeniería estructural consideran imprescindible realizar evaluaciones técnicas antes de establecer conclusiones definitivas.
El director del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Richard Casanova, afirmó en declaraciones concedidas a France 24 que existen antecedentes de denuncias relacionadas con presuntas irregularidades durante la ejecución de algunas obras del programa habitacional.
Según Casanova, es necesario determinar mediante estudios especializados si todas las edificaciones cumplieron con los códigos de construcción y las normas antisísmicas exigidas para este tipo de infraestructuras.
No obstante, otros especialistas advierten que resulta prematuro atribuir los colapsos únicamente a posibles fallas constructivas, ya que factores como la intensidad del movimiento telúrico, el tipo de suelo, la profundidad de las cimentaciones y las características geológicas de cada zona también influyen de manera determinante en el comportamiento de las estructuras.
El tipo de terreno también pudo influir
El presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, Juan Manuel Fuentes, explicó que durante un terremoto edificios de diferentes alturas pueden reaccionar de manera distinta dependiendo de su período natural de vibración y de las características del terreno donde fueron construidos.
El especialista señaló que fenómenos como la resonancia estructural y el denominado «efecto de sitio», que amplifica las ondas sísmicas en determinados suelos, podrían explicar por qué algunas edificaciones de menor altura sufrieron mayores daños que otras estructuras de mayor tamaño.
Asimismo, indicó que solo una investigación técnica completa permitirá establecer el peso específico que tuvieron los materiales de construcción, los sistemas estructurales empleados y las condiciones del terreno en cada caso.
El Gobierno anuncia inspecciones
Ante el creciente debate, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la creación de una comisión presidencial encargada de evaluar el estado de las viviendas afectadas y revisar también otras infraestructuras estratégicas, entre ellas puentes, elevados y vías de comunicación.
El Ejecutivo venezolano informó que las inspecciones buscarán determinar cuáles edificaciones pueden seguir siendo habitadas y cuáles requerirán reparaciones o reconstrucción.
Viejas denuncias vuelven al centro del debate
Las dudas sobre la ejecución de la Gran Misión Vivienda Venezuela no son nuevas.
Diversos informes publicados durante la última década, entre ellos investigaciones de organizaciones dedicadas a la transparencia institucional, ya habían advertido sobre presuntos retrasos en la ejecución de obras, deficiencias en los mecanismos de supervisión y falta de información pública sobre algunos proyectos.
Tras la tragedia sísmica, organizaciones profesionales, ingenieros y sectores académicos insisten en que la prioridad debe ser desarrollar una evaluación completamente independiente que permita identificar responsabilidades, fortalecer las normas de construcción y garantizar la seguridad de miles de familias que continúan residiendo en estos complejos habitacionales.
Mientras continúan las labores de recuperación tras uno de los peores desastres naturales registrados en la historia reciente del país, el debate sobre la calidad de las edificaciones públicas se ha convertido en uno de los principales temas de discusión nacional.
