Santiago de Chile, 18 Mar — El presidente de Chile, José Antonio Kast, inició la construcción de un muro físico en la frontera con Perú como parte del denominado “Plan Escudo Fronterizo”. La obra contempla barreras de hasta cinco metros de altura y zanjas de tres metros de profundidad a lo largo de más de 500 kilómetros, con el objetivo de frenar la migración irregular y combatir el crimen organizado.

No obstante, según el abogado internacionalista Miguel Ángel Porras, del estudio Ugaz Zegarra, levantar el muro en zonas sensibles como el Triángulo Terrestre podría interpretarse como un acto de demarcación unilateral, reactivando la disputa territorial entre ambos países y escalando el conflicto hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

La frontera terrestre de 169 kilómetros entre Chile y Perú se rige por el Tratado de Lima de 1929, pero el pequeño territorio costero de 3,7 hectáreas conocido como Triángulo Terrestre sigue siendo objeto de desacuerdo. “Cualquier intento de Chile de construir en ese sector puede leerse como una acción que busca resolver unilateralmente una disputa aún abierta”, advirtió Porras.

Aunque la edificación del muro no viola los tratados bilaterales si respeta los límites acordados y los pasos de tránsito internacional, el especialista subrayó que la medida envía un mensaje contrario a la integración regional y puede generar desconfianza entre ambos países. Además, cuestionó la eficacia de los muros para frenar la migración: “Son medidas populistas que buscan resultados inmediatos ante el electorado, pero no resuelven el fenómeno migratorio ni la seguridad de fondo”.

Porras advirtió también que la construcción puede generar un “efecto embudo” en el lado peruano, concentrando a los migrantes en condiciones de vulnerabilidad y aumentando la presión sobre las autoridades locales. “Cada país tiene derecho a proteger sus fronteras, pero debe garantizar que no se vulneren los derechos de quienes buscan protección internacional”, puntualizó.

Por su parte, la Cancillería peruana, encabezada por Hugo de Zela, aseguró que sigue la situación “con estricta vigilancia”, mientras la ahora ex presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, advirtió que Perú adoptará medidas si la integridad territorial se ve comprometida.

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