Bogotá, 16 ene.- La violencia armada continúa azotando la región del Catatumbo, en la frontera norte de Colombia con Venezuela, un año después de la incursión de grupos ilegales que dejó decenas de muertos y miles de desplazados, advirtió la Defensoría del Pueblo.
Según el informe “Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz”, presentado por la titular de la Defensoría, Irís Marín, la población civil ha sido víctima de un ataque masivo y sistemático, que constituye crímenes de guerra y de lesa humanidad. “Los hechos narrados por la gente son crímenes internacionales. Lo han sido durante este año y siguen siendo, mientras que los grupos los sigan cometiendo”, afirmó Marín.
La entidad destaca que la población vive en zozobra permanente por el ruido de drones sobre las viviendas, el miedo a explosivos lanzados por los grupos armados y la restricción de movilidad en vías que conectan los municipios del Catatumbo.
El 16 de enero de 2025, la violencia se agudizó tras la incursión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra un bando de disidencias de las antiguas FARC que no se acogieron al proceso de paz firmado en 2016. Durante el año pasado, se registraron más de 163 homicidios y más de 100.000 desplazados, según cifras de la Gobernación de Norte de Santander y la Unidad para las Víctimas. Entre las víctimas figuran firmantes de paz, menores de edad y líderes sociales.
El informe de la Defensoría resalta la violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) debido a bombardeos, uso de drones, ametrallamientos y morteros que afectaron viviendas y parcelas de los habitantes de la región. La magnitud de la violencia desbordó las capacidades estatales y llevó al gobierno a declarar el “estado de conmoción interior”, para desplegar fuerza pública y movilizar recursos de manera expeditiva.
Ante la situación, el gobierno colombiano suspendió indefinidamente la mesa de negociación de paz con el ELN. El presidente Gustavo Petro acusó a la guerrilla de cometer crímenes de guerra y cuestionó su voluntad de paz. Marín insistió en la necesidad de que los grupos armados abran espacios humanitarios y respeten la vida de la población civil: “Esta guerra es de ellos. Esta guerra no es de la gente”.
