OTTAWA / TORONTO / EDMONTON, 2 enero — El inicio del nuevo año marcará un giro significativo en las políticas de trabajo remoto en Canadá, con decenas de miles de empleados del sector público provincial obligados a retomar la presencialidad total en sus oficinas, especialmente en Ontario y Alberta, mientras el gobierno federal y otras provincias evalúan posibles ajustes a sus modelos híbridos.
A partir del 5 de enero, los empleados del gobierno provincial de Ontario deberán trabajar cinco días a la semana de manera presencial, poniendo fin al esquema híbrido implementado tras la pandemia. La medida afectará a más de 40.000 funcionarios públicos, según cifras sindicales, y ha generado un fuerte debate político y laboral.
En Alberta, el servicio público provincial también volverá al trabajo presencial a tiempo completo a partir de febrero. Un portavoz del gobierno albertano explicó que la decisión busca reforzar la colaboración interna, la rendición de cuentas y la calidad de los servicios públicos para los ciudadanos de la provincia.
Provincias con modelos más flexibles
No todas las jurisdicciones canadienses están siguiendo el mismo camino. Provincias como Manitoba, Columbia Británica y Nuevo Brunswick mantienen políticas híbridas más flexibles, permitiendo combinar días de trabajo remoto con presencia en oficina.
En Terranova y Labrador, un portavoz gubernamental confirmó que la provincia se encuentra analizando su política de trabajo remoto, aunque todavía no se ha anunciado una decisión concreta. Algo similar ocurre en los Territorios del Noroeste, donde el gobierno revisa su normativa, pero aclaró que no existen planes inmediatos para exigir presencialidad completa cinco días a la semana.
El gobierno federal, a la espera de definiciones
En el ámbito federal, aún no está claro si los funcionarios públicos deberán aumentar su presencia en las oficinas ni cuándo se implementaría un eventual cambio. El primer ministro Mark Carney aseguró recientemente que el gobierno presentará un plan con mayor claridad en las próximas semanas, tras dialogar con los sindicatos del sector público.
Carney señaló que cualquier decisión dependerá de las funciones específicas y la antigüedad de los empleados, evitando por ahora comprometerse con un modelo único para toda la administración federal. Actualmente, la norma vigente —en vigor desde septiembre de 2024— exige un mínimo de tres días presenciales por semana para la mayoría de los funcionarios federales, y cuatro días para los ejecutivos.
El presidente de la Junta del Tesoro, Shafqat Ali, confirmó en diciembre que, aunque se han producido conversaciones internas, no se han definido todavía los detalles finales del nuevo plan de retorno a la oficina.
Tendencia también en el sector privado
El regreso al “cubículo” no es exclusivo del sector público. Varios de los principales bancos del país, entre ellos BMO, Scotiabank y RBC, ya han exigido a sus empleados cuatro días semanales de trabajo presencial. En el ámbito corporativo internacional, Amazon comenzó a exigir desde el 2 de enero que su personal corporativo acuda a la oficina cinco días a la semana.
Estas decisiones reflejan una tendencia creciente entre grandes empleadores, pese a que encuestas recientes indican que la mayoría de los trabajadores prefieren esquemas remotos o híbridos.
Fuerte rechazo sindical
Los sindicatos del sector público, tanto provinciales como federales, han manifestado una oposición frontal a los mandatos de regreso total a la oficina. El Sindicato de Empleados del Servicio Público de Ontario (OPSEU) denunció que la decisión del gobierno provincial se tomó sin considerar las realidades de los trabajadores, especialmente aquellos en primera línea de atención al público.
Por su parte, la Alianza de Servicio Público de Canadá (PSAC), el mayor sindicato federal del país, calificó la presión de Ottawa para aumentar la presencialidad como desconectada de los intereses de los trabajadores y de los contribuyentes. El sindicato advirtió que, si el gobierno intenta imponer cambios drásticos durante las negociaciones colectivas, recurrirá a acciones legales y movilizaciones laborales.
Impacto económico y urbano
El debate sobre el trabajo remoto también tiene consecuencias económicas y urbanas. En la Región de la Capital Nacional, donde reside una alta concentración de funcionarios públicos, numerosos comercios del centro de Ottawa se vieron gravemente afectados cuando los empleados comenzaron a trabajar desde casa durante la pandemia. En contraste, zonas periféricas experimentaron un crecimiento económico inesperado.
El alcalde de Ottawa, Mark Sutcliffe, afirmó que ve viable aumentar uno o dos días adicionales de presencialidad, siempre que se acompañe de mejoras en el transporte público. La ciudad trabaja actualmente en la ampliación del sistema de tren ligero, con el objetivo de facilitar el desplazamiento diario de los trabajadores.
Opiniones divididas y futuro incierto
Según una encuesta de Angus Reid, la mayoría de los empleados preferiría trabajo remoto o híbrido, aunque los empleadores están optando cada vez más por la presencialidad. La experta Catherine Connelly, profesora de la Universidad McMaster, advirtió que se espera mayor resistencia sindical en los próximos meses, ya que muchos trabajadores valoran el teletrabajo por el ahorro de costos, la productividad y la conciliación familiar.
No obstante, Connelly señaló que el trabajo remoto no beneficia a todos por igual, ya que algunos empleados reportan aislamiento, menor equilibrio personal o menos oportunidades de conexión profesional. También anticipó que algunas empresas podrían optar por regular más estrictamente el teletrabajo, imponiendo requisitos como horarios obligatorios de disponibilidad o condiciones específicas para trabajar desde casa.
Mientras Canadá redefine el equilibrio entre presencialidad y flexibilidad laboral, el retorno masivo a las oficinas se perfila como uno de los debates laborales y políticos más relevantes de 2026, con implicaciones directas en el empleo público, la economía urbana y la calidad de vida de miles de trabajadores.
