Madrid, 9 Oct.- La comunidad autónoma de Madrid se mantiene a la cabeza en el proceso de privatización de los servicios sanitarios públicos en España, según el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que analiza la evolución de los últimos dos años. Este estudio refleja cómo distintas regiones están cediendo progresivamente la gestión de hospitales y centros de salud a entidades privadas, un fenómeno que, según expertos, puede afectar tanto la calidad de la atención como la equidad del sistema sanitario público.
En el ránking elaborado por la FADSP, Madrid repite en la primera posición en cuanto a velocidad de privatización, consolidando su liderazgo en la externalización de servicios hospitalarios, consultas especializadas y programas de gestión sanitaria. Canarias, por su parte, asciende notablemente al segundo puesto, cuando en estudios anteriores ocupaba el octavo, lo que evidencia un incremento acelerado en la externalización de servicios sanitarios en esta comunidad.
Baleares y Cataluña completan el grupo de comunidades con mayor traspaso de la gestión sanitaria a manos privadas, manteniéndose en posiciones altas del ránking. Por otro lado, el informe también señala un aumento significativo en Andalucía, Comunidad Valenciana y Extremadura, donde la privatización se ha intensificado en los últimos dos años, aunque todavía no alcanzan el nivel de Madrid o Canarias.
El análisis de la FADSP clasifica a las comunidades autónomas en tres niveles según la velocidad de privatización: mayor, intermedia y menor. En la categoría de mayor velocidad, Madrid encabeza la lista, seguida de cerca por Canarias, Baleares y Cataluña. Las regiones con un ritmo intermedio incluyen a Andalucía, Comunidad Valenciana y Extremadura, mientras que otras como Galicia, Asturias y Castilla y León se mantienen en la zona de menor privatización, según los datos recabados.
Diversos especialistas y organizaciones en defensa de la sanidad pública advierten que este proceso podría derivar en desigualdades en el acceso a la atención sanitaria, ya que los centros gestionados por empresas privadas podrían priorizar la rentabilidad sobre la cobertura universal. Además, destacan que la transparencia en la gestión y el control de calidad son aspectos críticos que podrían verse afectados con la externalización de los servicios.
