Lima, 7 OCT 2025 — Los atentados dirigidos al transporte público en Lima y la provincia del Callao, presuntamente vinculados al crimen organizado, han dejado 65 muertos y 53 heridos entre agosto de 2024 y octubre de 2025, según informó la Fiscalía de Perú este martes. La escalada de violencia ha generado alarma en autoridades y ciudadanía, poniendo en evidencia la vulnerabilidad del sistema de transporte ante grupos delictivos.
De acuerdo con datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, de enero a octubre de este año se registraron 35 fallecidos y 23 lesionados en atentados contra el transporte de pasajeros en Lima, la ciudad más poblada del país. En contraste, entre agosto y diciembre de 2024 se reportaron 15 muertos y 14 heridos, lo que evidencia un incremento significativo de este tipo de incidentes en 2025. De las 118 víctimas registradas en los últimos 14 meses, 87 han sido identificadas y 31 permanecen en proceso de identificación, indicó la Fiscalía.
El aumento de los ataques coincide con un paro masivo del transporte público en Lima y Callao, realizado el lunes en protesta por los últimos atentados y la creciente ola de extorsión y sicariato. Según el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, Juan Carlos Mori, este año se han registrado 42 conductores asesinados, y los reportes de la Policía Nacional del Perú muestran 18.385 denuncias por extorsión hasta octubre de 2025, un incremento del 29,3 % respecto al mismo periodo del año anterior, lo que equivale a 75 denuncias diarias.
El paro del lunes afectó a decenas de empresas de transporte y cientos de buses, y los gremios exigieron acciones contundentes contra el crimen organizado. Tras la protesta, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se reunió con los dirigentes del transporte urbano y anunció la creación de una mesa técnica de trabajo que se instalará el próximo 14 de octubre, con el objetivo de diseñar medidas para proteger a los conductores y garantizar la seguridad en el transporte público.
No obstante, algunos sectores de transportistas permanecen insatisfechos con los acuerdos, intentando mantener la paralización este martes, especialmente después de que la presidenta Dina Boluarte recomendara no contestar los mensajes de los extorsionadores como medida preventiva frente a ataques con explosivos o sicarios. La situación sigue generando gran preocupación en Lima y Callao, donde ciudadanos y autoridades buscan estrategias efectivas para frenar la violencia en el transporte urbano y proteger la integridad de los trabajadores y pasajeros.
