Caracas, 6 de octubre.— El gobierno de Venezuela denunció este lunes la existencia de un presunto plan extremista para colocar explosivos en la sede de la embajada de Estados Unidos en Caracas, una acusación que llega en un momento de máxima tensión diplomática y militar entre ambos países debido al despliegue naval estadounidense en el Caribe.
El anuncio fue hecho por Jorge Rodríguez, jefe de la delegación venezolana para el diálogo con Estados Unidos y actual presidente de la Asamblea Nacional, quien aseguró que el Ejecutivo de Nicolás Maduro ha alertado a Washington “por tres vías distintas” sobre una “grave amenaza” proveniente de grupos de derecha radical. Según Rodríguez, estos grupos pretenderían simular ser seguidores del chavismo para ejecutar una operación de falsa bandera que culpe al gobierno venezolano.
“Mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intentan colocar explosivos letales en la embajada de Estados Unidos en Caracas”, afirmó Rodríguez en un comunicado oficial difundido por la Cancillería.
Aunque la embajada estadounidense permanece cerrada desde 2019, tras la ruptura de relaciones diplomáticas durante el mandato de Donald Trump, el recinto mantiene personal de mantenimiento y seguridad. Rodríguez subrayó que el gobierno de Maduro ha reforzado la seguridad en el complejo, el cual está bajo la protección del Estado venezolano, y añadió que se notificó a una embajada europea para que actúe como canal diplomático con Washington.
El complejo diplomático estadounidense, ubicado en una colina en el sureste de Caracas, abarca más de 10 hectáreas y se encuentra vigilado desde su cierre por efectivos de la policía política venezolana (SEBIN), que realizan patrullajes regulares en la zona.
Contexto de creciente tensión militar
La alerta venezolana se produce en medio de un incremento de la tensión en el Caribe, donde Estados Unidos mantiene un despliegue naval con más de 4.000 efectivos, justificado por el combate al narcotráfico.
El presidente Donald Trump ha calificado reiteradamente a Maduro como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y anunció en agosto que duplicaría a 50 millones de dólares la recompensa por su captura. Por su parte, el líder venezolano acusa a Washington de “fabricar una narrativa falsa” para justificar una posible agresión militar o un cambio de régimen en el país sudamericano.
El pasado viernes, el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth confirmó el cuarto ataque naval contra una embarcación en el Caribe desde el inicio del operativo. Según el Pentágono, las embarcaciones destruidas transportaban droga y eran tripuladas por “narcoterroristas” vinculados a redes criminales. Sin embargo, el gobierno venezolano denunció que tales acciones violan el derecho internacional y constituyen “ejecuciones sumarias”, según diversas ONG locales de derechos humanos.
Maduro denuncia “una amenaza a la soberanía”
En declaraciones recientes, Maduro calificó la presencia militar estadounidense en el Caribe como “una amenaza directa a la soberanía nacional”, asegurando que el país está preparado para responder “en todos los frentes” ante cualquier incursión.
“Si Estados Unidos se atreve a atacar a Venezuela, declararemos una república en armas para defender nuestro territorio”, afirmó el mandatario en un acto público transmitido por la televisión estatal.
Mientras tanto, el gobierno estadounidense no ha dado señales de planear una intervención terrestre, aunque los movimientos navales cerca de las costas venezolanas mantienen en alerta a las autoridades de Caracas y a sus aliados en la región.
Un escenario de desconfianza y propaganda cruzada
Expertos internacionales coinciden en que la denuncia sobre un supuesto plan de ataque contra la embajada estadounidense podría tener un doble propósito político: reforzar el discurso de amenaza externa que el chavismo utiliza para cohesionar su base interna, y desacreditar a la oposición venezolana, a la que el régimen vincula con supuestas conspiraciones y sabotajes.
En cualquier caso, el incidente añade un nuevo capítulo al prolongado enfrentamiento diplomático entre Washington y Caracas, marcado por sanciones económicas, acusaciones mutuas de narcotráfico y denuncias de violaciones de derechos humanos.
