Ciudad de Guatemala, 6 de octubre de 2025. El presidente Bernardo Arévalo anunció una serie de reformas legales para combatir a las pandillas y fortalecer el sistema penitenciario de Guatemala, incluyendo la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad destinada a miembros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18.
El anuncio llega poco después de que el gobierno de Estados Unidos declarara a Barrio 18 como organización terrorista, sumándose a la clasificación previa de la Mara Salvatrucha (MS-13) a inicios de año. Ambas estructuras criminales tienen presencia activa en varios países de Centroamérica, incluyendo Guatemala, El Salvador y Honduras.
Arévalo confirmó que la decisión estadounidense fue resultado de un intercambio de información entre su administración y el gobierno de Donald Trump, lo que refuerza la cooperación bilateral en materia de seguridad regional.
“Hoy estamos presentando medidas legales, ajustes al sistema de penas y nuevas reglas para perseguir a las pandillas, para tener por primera vez una ley antipandillas en Guatemala”, afirmó Arévalo. “El objetivo es brindar seguridad a todas las familias guatemaltecas y cerrar el paso al crimen”.
El presidente solicitará al Congreso la modificación del Código Penal, el Código Procesal Penal y otras leyes relacionadas, con el propósito de endurecer las penas por extorsión, uno de los delitos más comunes perpetrados por las pandillas.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, destacó que más de 3.000 personas están actualmente encarceladas por vínculos con pandillas, aunque estimó que el número real de miembros podría superar los 12.000 si se incluyen colaboradores y familiares.
“La seguridad necesita de todos. Empresarios, jueces, políticos y ciudadanos debemos unirnos para cerrar la ruta al crimen”, subrayó Jiménez.
La reforma penitenciaria contempla la construcción de un nuevo penal de alta seguridad —cuyo emplazamiento no ha sido revelado— con capacidad para cientos de reclusos y una clínica médica interna que evitará traslados de los presos. Además, se implementará un registro de voz para mejorar el reconocimiento de los internos y se instalarán vidrios separadores en las visitas para impedir la planificación de delitos desde prisión.
Entre las nuevas medidas también se prevé un aumento de las penas por extorsión de hasta 10 años de prisión adicional, junto con la inmovilización de cuentas bancarias vinculadas a pandilleros o a sus allegados.
“No permitiremos que sigan quitándole sus recursos a los guatemaltecos honrados y trabajadores”, declaró el ministro.
La viceministra Claudia Palencia precisó que las reformas buscarán restringir las medidas sustitutivas y endurecer las condiciones para obtener libertad condicional en casos de delitos relacionados con pandillas.
El anuncio se produce en medio de una ola de violencia reciente: el asesinato de un investigador policial el 25 de septiembre desató un megaoperativo en zonas de narcomenudeo que resultó en 17 detenidos y 24 armas incautadas.
En julio, un ataque armado en un velorio dejó siete personas muertas por disputas entre pandillas, lo que llevó al traslado de 10 líderes de la MS-13 y del Barrio 18 a la prisión de máxima seguridad de Santa Rosa, actualmente con capacidad para solo 300 reclusos.
