LIMA, 5 de mayo.- El Gobierno peruano liderado por la presidenta Dina Boluarte anunció este lunes medidas drásticas tras el brutal asesinato de 13 trabajadores de la mina de oro Poderosa en el distrito de Pataz, en el norte del país. Entre las acciones inmediatas se encuentra la declaración de un toque de queda, la toma militar de la zona y la suspensión de toda actividad minera durante 30 días prorrogables.
El anuncio se produjo luego de que los cuerpos de los trabajadores fueran hallados el domingo, una semana después de su secuestro por parte de presuntos miembros de bandas criminales vinculadas a la minería ilegal. La masacre ha generado conmoción nacional e internacional, evidenciando la creciente violencia en regiones controladas por grupos delictivos organizados.
Medidas Urgentes para Restablecer el Orden
En un pronunciamiento desde el Palacio de Gobierno, Boluarte detalló las medidas adoptadas:
- Toque de Queda:
A partir de las próximas horas, se implementará un toque de queda en todo el distrito de Pataz, vigente desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., para garantizar la seguridad de la población local. - Control Militar:
Las Fuerzas Armadas tomarán el control total de la zona minera de Poderosa, reforzando la presencia del Estado en una región afectada por la minería ilegal y el crimen organizado. - Suspensión de Actividad Minera:
Toda actividad minera quedará suspendida en la provincia de Pataz por un período inicial de 30 días, prorrogable según sea necesario. Esta medida busca facilitar la instalación de bases militares y policiales en la zona. - Instalación de Base Militar:
Se instalará una base militar permanente en el distrito para combatir la actividad criminal y garantizar la seguridad de los habitantes.
Además, la presidenta anunció que solicitará al Congreso facultades legislativas especiales para abordar el problema del terrorismo urbano y fortalecer el marco legal contra el crimen organizado.
«Mano dura para estos delincuentes criminales. No vamos a permitir actos de crimen organizado, de terror, de extrema brutalidad», afirmó Boluarte, subrayando la determinación del Ejecutivo de enfrentar esta crisis con firmeza.
Críticas al Ministerio Público
La mandataria también criticó duramente al Ministerio Público por haber liberado en 2023 al presunto líder del ataque, identificado como ‘Cuchillo’, señalándolo como responsable directo de la masacre. Según Boluarte, este hecho evidencia fallas graves en el sistema judicial que deben corregirse urgentemente.
«Señalar esto no es lavarse las manos, sino poner en evidencia dónde está la responsabilidad», declaró, exigiendo mayor coordinación entre las instituciones del Estado para evitar futuros desenlaces similares.
Contexto de Violencia en Pataz
El distrito de Pataz, ubicado en la región La Libertad, fue declarado en emergencia en febrero de 2024 debido al aumento de actividades criminales vinculadas a la minería ilegal. Las bandas organizadas han tomado control de vastas áreas, imponiendo reglas propias y generando un clima de violencia y temor entre la población.
La masacre de los 13 trabajadores de la mina Poderosa pone de manifiesto la incapacidad del Estado peruano para garantizar la seguridad en estas zonas remotas, donde la minería ilegal ha florecido gracias a la ausencia de regulación efectiva.
Reacciones Nacionales e Internacionales
El asesinato de los trabajadores ha generado indignación generalizada tanto dentro como fuera de Perú. Organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros han expresado su preocupación por la escalada de violencia en el país andino, urgiendo al gobierno peruano a tomar medidas contundentes para erradicar la minería ilegal y proteger a las comunidades vulnerables.
Por su parte, sectores de la sociedad civil han pedido transparencia en las investigaciones y justicia para las víctimas, así como un plan integral para abordar las causas estructurales del conflicto, incluyendo la pobreza y la falta de oportunidades económicas en estas regiones.
Conclusión: Un Llamado a la Acción
La masacre en la mina Poderosa marca un punto de inflexión en la lucha contra la minería ilegal y el crimen organizado en Perú. Las medidas anunciadas por el gobierno buscan enviar un mensaje claro de firmeza, pero su éxito dependerá de la capacidad del Estado para coordinar esfuerzos entre las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y las comunidades locales.
«Este es un momento decisivo para el país», comentó un analista político. “Si no se actúa con decisión y coherencia, la violencia seguirá escalando, poniendo en riesgo no solo la estabilidad regional, sino también la confianza de los ciudadanos en las instituciones”.
Mientras tanto, las familias de las víctimas exigen respuestas y justicia, recordando al gobierno y a la sociedad que detrás de cada cifra de violencia hay vidas truncadas y comunidades devastadas.
