Quito, 6 nov.- El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador ha impuesto este martes una multa de 8.500 dólares a la vicepresidenta Verónica Abad por realizar campaña anticipada en las elecciones de 2023, cuando se postulaba a la alcaldía de Cuenca. Sin embargo, el TCE no suspendió sus derechos políticos, evitando así su inhabilitación como vicepresidenta, medida que había solicitado el denunciante.
La sentencia fue emitida por la jueza Ivonne Coloma, en respuesta a la denuncia presentada por Juan Esteban Guarderas, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quien aportó pruebas de que Abad difundió contenido electoral fuera del período permitido.
Este caso se suma a varias investigaciones en curso en el TCE que involucran a Abad, incluidas las denuncias que ella misma ha presentado contra el presidente Daniel Noboa y otros miembros del Gobierno por presunta violencia política de género, mientras enfrenta contrademandas similares por parte de la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y la asesora presidencial, Diana Jácome.
La situación de tensión entre Noboa y Abad se ha intensificado desde las elecciones de 2023 y se agravó cuando el presidente la nombró embajadora en Israel. Abad consideró esta designación como un intento de alejarla del país y de la toma de decisiones, interpretándola como un medio para excluirla de la gestión interna del Gobierno.
El distanciamiento se ha vuelto más evidente con la investigación por posible corrupción en la Vicepresidencia, en la que el hijo de Abad, Sebastián Barreiro, enfrenta acusaciones de influir en contrataciones y exigir parte del salario de un funcionario. La Fiscalía solicitó levantar la inmunidad de Abad para procesarla en este caso, pero la petición fue rechazada en el Parlamento con votos de la oposición, en contraste con el respaldo oficialista.
La ley ecuatoriana considera la violencia política de género una infracción grave, sancionable con multas, destitución y suspensión de derechos de participación hasta por cuatro años. La audiencia para evaluar las acusaciones de Abad contra Noboa y otros miembros del Gobierno ha sido convocada para este viernes, marcando un nuevo capítulo en la creciente tensión dentro del gobierno ecuatoriano.
