BARCELONA, España, 24 julio.- El Tribunal Supremo de España impugnó el miércoles la constitucionalidad de una ley de amnistía impulsada por el gobierno a principios de este año para ayudar a cientos, potencialmente miles, de separatistas catalanes.
Aunque la corte no puede anular la amnistía, ha solicitado la intervención del Tribunal Constitucional de la nación.
España aprobó la ley de amnistía en marzo con el objetivo de asistir a los separatistas enfrentando problemas legales por su implicación en el fallido intento de secesión de 2017 por parte de funcionarios electos de la región nororiental.
El Tribunal Supremo argumentó que la amnistía viola el principio de igualdad ante la ley garantizado en la Constitución española. Según el tribunal, la amnistía perdona actos violentos cometidos en nombre de la independencia catalana, como el lanzamiento de piedras durante protestas, mientras que los mismos actos realizados con otros fines, sean políticos o no, son punibles.
Además, el tribunal sostuvo que la amnistía infringe el principio constitucional de certidumbre jurídica al crear la expectativa de que otros activistas políticos podrían violar la ley sin recibir castigo.
El tribunal, con sede en Madrid, también criticó el preámbulo de la ley de amnistía, el cual sugiere que la amnistía mejoraría las relaciones entre separatistas y no separatistas, señalando la falta de remordimiento demostrado por los líderes del movimiento secesionista. Calificó el intento separatista de “golpe de Estado”.
Los opositores políticos han argumentado que el gobierno de España concedió la amnistía únicamente para atraer el apoyo de los partidos independentistas, que el presidente del gobierno español Pedro Sánchez necesitaba para formar un nuevo gobierno después de las elecciones del año pasado.
La amnistía, que debe ser aplicada por los jueces caso por caso, beneficiaría principalmente a funcionarios públicos y ciudadanos comunes, pero también se esperaba que ayudara al expresidente catalán Carles Puigdemont, quien huyó a Bélgica.
