Madrid, 19 de junio.- Este miércoles, la Fiscalía ha instado al Tribunal Supremo a levantar la orden de arresto contra Carles Puigdemont, expresidente catalán, y a declarar amnistiados todos los delitos atribuidos a él y a otros líderes independentistas implicados en el “procés”. En dos informes distintos, firmados por altos cargos del ministerio público, se pide la aplicación íntegra de la ley de amnistía tanto para los condenados como para aquellos que se encuentran en el exilio, incluyendo a Puigdemont.
La petición incluye el archivo de las causas relacionadas con el intento de independencia de Cataluña de 2017, la extinción de las penas de inhabilitación aún vigentes y la eliminación de los antecedentes penales de los implicados. Este cambio de dirección en el caso viene después de un profundo debate interno en la fiscalía, que resultó en la aceptación de la tesis del fiscal general del Estado, a favor de la amnistía, a pesar de la oposición inicial de algunos fiscales del procés.
Paralelamente, Puigdemont ha solicitado al Supremo que se levante la orden de arresto contra él, argumentando que es la única solución conforme a la nueva ley de amnistía. Su defensa sostiene que todos los hechos imputados están cubiertos por la amnistía, incluida la malversación, y que mantener la orden de arresto violaría los principios de proporcionalidad y necesidad.
Oriol Junqueras, exvicepresidente del Govern, también ha hecho un llamado para que su condena por malversación no quede excluida de la amnistía, alegando que esta era la intención del legislador al aprobar la ley.
Mientras tanto, Vox ha propuesto al Tribunal Supremo consultar la validez de la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, argumentando que es incompatible con el derecho comunitario y mantiene su postura contra la amnistía del procés.
La decisión del Tribunal Supremo, que se espera para este miércoles, determinará si los líderes del procés son amnistiados completamente, si se aplica la amnistía en un grado limitado, o si se eleva la cuestión al TJUE.