Santiago, 6 de noviembre.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa en el marco del juicio político que le inició el Senado, al considerar que el plazo otorgado es insuficiente para garantizar el debido proceso. La crisis que derivó en su sometimiento a juicio tiene como origen el colapso del Ueno Bank, una entidad que concentraba el 60% de los adultos del país como clientes y cuya intervención dejó a casi 3 millones de ahorristas sin acceso a su dinero.
En una nota dirigida al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, Peña hizo referencia a la notificación Nº 4217 del 5 de noviembre, mediante la cual se lo convocó a formular su defensa y ofrecer pruebas. Según detalló, la comunicación llegó a las 22:15 horas e incluía un libelo acusatorio de 15 páginas y unos 300 fojas de anexos.
“Claramente, al tratarse de un proceso del cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido proceso, entre ellas, contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa. Sin dudas, resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho”, argumentó el mandatario.
Peña también difundió la carta a través de su cuenta en X, donde subrayó que no rehuirá sus responsabilidades. “Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles”, escribió.
Núñez hizo declaraciones a la prensa de Argentina, en las que rechazó el pedido de Peña, pero luego matizó sus palabras y la prórroga será tratada por el pleno del Senado este viernes, cuando se reúna a partir de las 10:00 AM.
Ueno Bank no era una entidad menor. Con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, equivalía al 60% de la población adulta y era el quinto banco por volumen de depósitos y el primero por cantidad de clientes. Al cierre de 2025 concentraba el 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los créditos de un sistema integrado por 16 bancos.
Además de particulares, administraba unos USD 850 millones de organismos estatales, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de las jubilaciones y las prestaciones de salud.
Su historia comenzó en 2021, cuando el Grupo Vázquez adquirió la Financiera El Comercio. La nueva marca operó con una propuesta centrada en la aplicación móvil y, tras obtener la autorización bancaria plena, comenzó a funcionar como banco en diciembre de 2023. El salto decisivo llegó en junio de 2024, cuando absorbió a Visión Banco, lo que le permitió pasar de una plataforma de pagos y crédito de consumo a ofrecer cuentas, tarjetas, préstamos, inversiones y servicios para empresas. En marzo de 2026, emitió bonos por USD 350 millones con vencimiento en 2031, siendo el único banco local con títulos negociados en mercados internacionales.
La tormenta comenzó con un sumario del Banco Central del Paraguay (BCP). La investigación detectó créditos otorgados a empresas relacionadas con el Grupo Vázquez, controlante del banco, que derivaron en incumplimientos y en el deterioro de los indicadores de liquidez. Según el diario paraguayo Última Hora, en junio de 2026 Ueno Bank transfirió una cartera de créditos por USD 74,4 millones a una empresa vinculada, Vinanzas SA, después de que la Superintendencia de Bancos le exigiera desprenderse de préstamos a compañías relacionadas. Para la Fiscalía, el mecanismo podría haber ocultado la situación patrimonial real de la entidad, ya que los créditos habrían quedado, en los hechos, bajo el financiamiento de la misma institución que los cedió.
El martes 3 de noviembre, el BCP ordenó la intervención y disolución del banco, luego de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa. Se suspendieron la aplicación móvil, las tarjetas y el resto de los servicios. Se formaron largas filas frente a las sucursales y hubo protestas nocturnas en Asunción. Entre los afectados por el bloqueo figuran el IPS, el Ministerio de Economía, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), sociedades de Bolsa y cajas de jubilaciones.
