Redacción, 23 de octubre.- La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha lanzado un «ultimátum» al Gobierno después de que el Tribunal Supremo (TS) le haya dado cinco días para entregar la lista de afectados sin voto de la ‘ley de nietos’. «Lo vamos a saber todo y quien desobedezca, responderá», ha advertido.
«Esto ya no es un aviso, es un ultimátum. Señor Bolaños, señor Albares: tienen hasta el miércoles. El Estado de Derecho funciona, lo vamos a saber todo y quien desobedezca, responderá», ha trasladado Ezcurra este viernes a través de un vídeo remitido por el PP y recogido por Europa Press.
Así se ha expresado después de que el Supremo haya requerido a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a que en el plazo de cinco días le remitan la lista de 163.020 afectados por la suspensión cautelar del voto a la ‘ley de nietos’; avisando de posible multa si no lo hacen.
Les requiere que remitan a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral la relación «nominal» de las personas afectadas. El Supremo señala que la multa ascendería a los 1.000 euros a los ministros que «incumplan este requerimiento» y comunica la posibilidad de «reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar».
Ante ello, Ezcurra ha aseverado que «43 días después del primer auto, el Gobierno sabe la cifra exacta porque la dio su propio Abogado del Estado, y sabe quiénes son porque tramitó él mismo cada expediente», subrayando que «de 31.390 expedientes revisados sólo han salido 91 certificados de exilio». «Ni el 1 por ciento ha podido acreditar el exilio de su familia sin la presunción que la instrucción de Sofía Puente introdujo por su cuenta», ha criticado.
«ESTÁ EN JUEGO LA LEGALIDAD Y EL CENSO DE UNAS ELECCIONES»
«Mañana empieza a enviarse la documentación del voto exterior y, sin esa lista, llegará también a quien tiene el voto suspendido. Lo hemos denunciado hasta la saciedad. El lunes se lo exigimos a Exteriores por burofax, hoy se lo tiene que exigir el Tribunal Supremo», ha esgrimido.
La dirigente ‘popular’ ha asegurado así que «nunca fue reparación» porque si lo fuera, «no pedirían al Supremo que levantara la suspensión mientras esconden los datos que se les están reclamando». Con todo, ha argumentado que un gobierno «no puede escudarse en su propia negligencia para desobedecer al Supremo» cuando «lo que está en juego es la legalidad y el censo de unas elecciones generales».
«Una instrucción no puede cambiar una ley, un Gobierno no puede esconderle los datos al Supremo, un censo no se hace sin garantías, la nacionalidad española no se regala y unas elecciones no se retocan a seis semanas de votar», ha denunciado, advirtiendo que desde el PP «no van a mirar hacia otro lado ni a pasarles ni una». «Vamos a llegar hasta el final con todas las herramientas del Estado de Derecho», ha sentenciado.
