Washington, 23 de octubre.- La Fiscalía General de Bolivia apartó a dos funcionarios incluidos en una lista de ciudadanos bolivianos a los que Estados Unidos restringió el visado por presuntos vínculos con la corrupción y el narcotráfico.
Los funcionarios son Félix Gerardo Balderas Arteaga, exfiscal departamental de Beni, y Julio César Porras Velarde, quien se desempeñaba como fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, informó que ambos fueron desvinculados el 20 de octubre, dos días antes de que se difundiera la lista de Washington, junto con otros 58 funcionarios del Ministerio Público, como parte de una serie de cambios en la institución.
“Hemos tomado esa decisión en base a algunos antecedentes que se tienen en el Ministerio Público y se ha agradecido el servicio de los dos funcionarios”, declaró Urioste a los periodistas locales.
El fiscal interino señaló que ambos exfuncionarios serán investigados y que la institución está reuniendo elementos relacionados con indagaciones que ya estaban en curso. “Seguramente van a ser sometidos a una investigación”, afirmó, al agregar que la información difundida por el Departamento de Estado refuerza la línea de investigación que sigue la Fiscalía.
Sin embargo, Urioste aclaró que aparecer en una lista de personas con restricciones migratorias impuestas por otro país no implica automáticamente responsabilidad penal en Bolivia ni supone que todos los señalados deban ser procesados. “En base a los elementos que nosotros tenemos vamos a investigar a algunas personas, pero eso no implica que sí o sí se va a investigar absolutamente a todos”, sostuvo.
Este jueves Estados Unidos anunció restricciones de visa contra 40 ciudadanos bolivianos a quienes atribuye presuntos vínculos con la corrupción y el narcotráfico. En la nómina figuran jueces, fiscales y exautoridades de alto rango aunque no detalla de manera individual las acusaciones contra cada uno.
La inclusión de los dos fiscales en la lista se produce en un contexto de cuestionamientos a la actuación del Ministerio Público y de cambios en su estructura directiva. En un listado anterior, difundido a finales de septiembre, figuraba el entonces fiscal general Roger Mariaca, además de dos fiscales departamentales, quienes posteriormente fueron procesados y detenidos preventivamente en Bolivia.
A raíz de la caída de Mariaca, la Asamblea Legislativa designó a José Armando Urioste como fiscal interino por un plazo de 90 días. Su nombramiento ha generado cuestionamientos de imparcialidad, luego de que se diera a conocer que fue propuesto por el presidente Rodrigo Paz para ocupar el cargo.
Balderas fungió como fiscal departamental de Beni, desginado por Mariaca, hasta septiembre de 2025 cuando fue cambiado tras haber recibido amenazas de muerte atribuidas a un narcotraficante prófugo.
