Redacción, 23 de octubre.- La arquitectura del crimen organizado en el Triángulo Norte de Centroamérica atraviesa un punto de inflexión histórico. Tras décadas de despliegue territorial, violencia endémica e influencia en la vida pública, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 continúan situadas en el centro de las agendas de seguridad de la región y de Estados Unidos.
Un reciente informe de InSight Crime, publicado en 2025 y actualizado en octubre de 2026, detalla el listado de bandas designadas formalmente como organizaciones terroristas extranjeras en América Latina, destacando de manera prioritaria a la MS13 y al Barrio 18 en:
No obstante, el caso de El Salvador representa el pilar central de la transformación en el combate a las maras. Desde la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022, medida que se ha mantenido vigente mediante sucesivas prórrogas, las autoridades salvadoreñas han implementado la campaña antipandillas más agresiva de la historia hemisférica.
Bajo este plan de seguridad, las fuerzas del orden han capturado a decenas de miles de pandilleros y colaboradores. Esta ofensiva masiva ha neutralizado operativamente a la MS13 y a las dos facciones del Barrio 18 (Revolucionarios y Sureños) en los barrios y colonias donde antes ejercían un control social y económico absoluto mediante la extorsión a comercios y al transporte público.
A medida que el estado de excepción avanzaba, el sistema judicial ajustó su marco normativo para consolidar el desmantelamiento de las redes criminales. En 2025 y 2026, el país dio paso a una fase de juicios masivos procesando a cientos de acusados en un solo expediente.
Entre estos procesos destaca el juzgamiento de 486 cabecillas de la MS13, incluidos integrantes de la cúpula conocida como la Ranfla Nacional, atribuidos de más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, así como macro juicios contra líderes de las facciones del Barrio 18.
A diferencia de la neutralización sufrida en El Salvador, las estructuras de la MS13 y Barrio 18 mantienen una presencia activa y peligrosa en Guatemala y Honduras. En estos países, la designación de estas pandillas como organizaciones terroristas responde a su incesante capacidad de:
En Guatemala, la respuesta estatal se intensificó notablemente con la retirada de privilegios a los cabecillas recluidos y su traslado a penales de máxima seguridad. La cúpula del Barrio 18, conocida como la “Rueda”, y sus rivales de la MS13 han reaccionado coordinando motines y atentados violentos desde las cárceles, lo que provocó declaraciones de estados de emergencia para contener los embates criminales.
La alianza de Barrio 18 con grupos locales para el narcomenudeo evidencia que la red sigue operativa y adaptables a las medidas gubernamentales. En Honduras, el gobierno intenta emular la estrategia salvadoreña declarando un estado de excepción para frenar el delito de la extorsión.
En Honduras, el gobierno intenta emular la estrategia salvadoreña declarando un estado de excepción para frenar el delito de la extorsión. Sin embargo, los resultados han sido dispares. Más que desmantelar la jerarquía criminal, las operaciones policiales fragmentaron a las clicas, provocando la aparición de facciones independientes que continúan ejerciendo presión violenta sobre las comunidades urbanas.
