Nueva york, 23 de octubre.- La aprobación de la llamada Ley Romanch en el Concejo Municipal de Nueva York abrió el camino para que los carruajes tirados por caballos desaparezcan de Central Park el 1 de junio de 2028. Sin embargo, la medida, que cuenta con el respaldo del alcalde Zohran Mamdani y de la organización animalista PETA, antes podría derivar en una disputa judicial con los conductores y dueños del sector.
El proyecto recibió 40 votos favorables, siete rechazos y dos abstenciones el jueves. Mamdani debe ahora promulgar la norma, aunque su administración ya participó en la elaboración del texto y anticipó que la firmará. El debate no concluye con esa instancia: el sindicato que representa a propietarios y trabajadores anunció que buscará frenar la prohibición en los tribunales.
La industria reúne a cerca de 200 personas entre dueños, cocheros y empleados de establos, mientras que los recorridos en vehículo de caballos forman parte del paisaje de Manhattan desde el siglo XIX. Para los defensores de la iniciativa, el fin de esa actividad responde a razones de bienestar animal y seguridad pública; para sus opositores, amenaza negocios familiares, licencias adquiridas por grandes sumas y puestos de trabajo.
La principal objeción de Transport Workers Union Local 100 (TWU) apunta al alcance del plan de transición. Los abogados de la entidad enviaron una carta a las autoridades municipales antes de la votación y advirtieron que acudirían a la Justicia si se aprobaba el proyecto.
El gremio sostiene que la ley no contempla una compensación concreta para quienes invirtieron en los permisos necesarios para operar. Esas licencias, conocidas como medallones, llegaron a costar hasta USD 400.000 por unidad, de acuerdo con los representantes de los propietarios. La organización afirmó que pedirá una orden judicial para bloquear la prohibición “antes de que se seque la tinta”.
John Samuelsen, presidente internacional del TWU, aseguró que la propuesta “no contiene protecciones para los trabajadores”. La postura sindical también cuestiona que el plan para reconvertir la actividad todavía no detalle empleos alternativos, montos indemnizatorios ni el destino definitivo de los caballos.
La ley obliga a la administración de Mamdani a preparar un programa de transición laboral antes de abril de 2027. Ese mecanismo deberá ofrecer derivaciones a oportunidades de empleo, orientación profesional, ferias de contratación y opciones educativas. Además, el gobierno municipal deberá evaluar compensaciones por el valor de los negocios, las licencias y los equipos vinculados a los carruajes.
Una portavoz del alcalde manifestó que la gestión trabaja en un plan para la reconversión del sector y que ya inició conversaciones sobre compensaciones a los titulares de medallones. El Departamento Jurídico de la ciudad, por su parte, indicó que revisaba la advertencia del sindicato y remarcó que confía en que la legislación tiene fundamento legal para sostenerse ante una impugnación.
La presidenta del Concejo, Julie Menin, planteó que el período de casi dos años hasta la entrada en vigor permitirá elaborar respuestas para los empleados y propietarios. “La ley protege a los caballos y a los pasajeros mientras apoya a los trabajadores de carruajes en su paso hacia nuevos medios de vida”, afirmó el concejal Christopher Marte, impulsor de la norma.
El texto también prevé un grupo de trabajo integrado por representantes del Concejo, la alcaldía y el sector laboral. Su misión será acompañar el proceso hasta 2028 y mejorar los resultados para quienes dependan de la actividad. Aun así, los detractores consideran insuficientes esas previsiones sin compromisos económicos ya definidos.
