Buenos Aires, 6 de septiembre.- La Argentina es hoy, de lejos, el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. El país representa actualmente el 43,3% de la cartera crediticia del organismo, con poco más de USD 44.000 millones desembolsados, sobre los USD 101.600 millones de la cartera total (las cifras exactas son 31.913,7 millones de Derechos Especiales de Giro, DEG, la unidad de cuenta del Fondo, contra una cartera total de 73.620,2 millones; al viernes 3 de enero, un DEG se valuaba en 1,38 dólares).
Las relaciones son aún más impresionantes si se mira el flujo de fondos comprometido por el país en virtud del acuerdo firmado en junio de 2018 y retocado meses más tarde, cuando el crédito original equivalente a USD 50.000 millones se aumentó a USD 57.000 millones: el calendario de pagos de la Argentina representa 23,5% de los ingresos de capital e intereses proyectados por el Fondo para 2020, el 40,7% para 2021, el 70,7% para 2022 y el 82,3% para 2023. A mediados del año pasado, el economista argentino Guillermo Calvo dijo al respecto “Si la Argentina no le paga al FMI, el FMI se funde”.
La afirmación tiene cierto viso de verdad, en tanto el presupuesto anual del FMI se financia, precisamente, con el rendimiento de su cartera crediticia. Pero es también una exageración, en tanto el dinero desembolsado a la Argentina representa apenas 4,4% de la capacidad prestable del FMI, de un billón de dólares (esto es, un millón de millones de dólares, que en inglés se expresa como “trillion”) y aproximadamente 6,6% del capital del organismo, de USD 661.000 millones, aumentado por última vez en 2016. La diferencia entre el capital y la capacidad prestable se cubre por acuerdos de préstamos de países como Japón, Estados Unidos y Alemania.
Más allá de la afirmación de Calvo, algunos observadores interpretan, a la luz de un viejo dicho atribuido al célebre economista inglés John Keynes, que por ser un deudor tan importante la Argentina tiene un gran poder para imponer condiciones en la renegociación del pasivo con el FMI.
“Se exagera un poco el argumento del leverage (palanca)”, advirtió sin embargo Héctor Torres, exrepresentante de la Argentina en el directorio del FMI, posición que ocupó varios años tras ser elegido por el exministro Roberto Lavagna. “El FMI vive de los flujos de fondos del dinero que presta, así que el default de un deudor importante como la Argentina le puede generar algún problema presupuestario, pero es algo que puede absorber rápidamente”.
De modo parecido se manifestó el economista argentino Claudio Loser, exdirector del Departamento Hemisferio Occidental del Fondo, quien dijo que las relaciones entre la deuda argentina y la cartera y el flujo de fondos del FMI son tan altas no solo porque el país recibió el crédito nominalmente más alto de la historia de la institución, sino también porque “el programa con la Argentina es uno de los más recientes; los programas del FMI normalmente son de 3 a 5 años y esas relaciones van cambiando”. La deuda del país . completó Loser, “es un monto importante, pero que el Fondo puede absorber incluso si la Argentina no le pagara. No es que la institución va a temblar por eso”.
Un segundo sentido en el cual se exagera la capacidad de presión de la Argentina como deudor, señaló Torres, es que se subestima el costo que tendría para el país defaultearle a un organismo internacional. “Si se le defaultea al Fondo, se le defaultea a los otros 188 países que integran el organismo, en especial aquellos que más lo fondean”, explicó desde Suiza el exfuncionario argentino, hoy miembro del Center for International Governance Innovation» (CIGI). Esos países son Estados Unidos, Japón, los más grandes de la Unión Europea y China, que son también los que, en virtud de eso, tienen mayor poder de voto en el directorio.
En los 75 años de historia del Fondo, recordó Torres, ningún país le hizo default a su “Cuenta General de Recursos” (en léxico del Fondo, GRA, General Resources Account), núcleo de la actividad crediticia del organismo. Los casos de moratoria prolongada son de países como Sudán y Somalía, cuyos créditos son de otro tipo. Un default violaría el principio de burden sharing (costos compartidos) en el que se sustenta el organismo: los países que ponen más recursos de los que toman lo hacen a tasas muy bajas, y los que toman más de lo que aportan, pagan una tasa un poco superior a la que reciben los aportantes netos, pero mucho más baja que la de mercado.
La Argentina tuvo una situación de causidefault con el Fondo en abril de 2004; debía afrontar una cuota de un crédito del organismo. Como el pago superaba el 25% de las reservas del BCRA, Economía quería que la gerencia del FMI dijera públicamente que recomendaba al directorio aprobar un desembolso de 3.000 millones días después, pero la entonces subgerenta, Anne Krueger, se rehusaba. Finalmente, el Fondo cedió al pedido argentino y la situación se pudo salvar.
“Yo creo que el principal leverage de la Argentina es el daño a la reputación del Fondo, porque fue un programa en el que se cumplieron todas las metas, pero ninguno de los objetivos”, dijo Torres. “El programa estaba diseñado sobre el supuesto de que Mauricio Macri ganaría la reelección, los mercados celebrarían y de inmediato se negociaría un nuevo programa, porque el calendario de vencimientos era imposible de cumplir. Fue una apuesta política muy grande, basada en la relación de Macri con Trump”.
