Madrid, 21 agosto.- España y Francia han decidido no sumarse, por ahora, al grupo de países europeos que buscan trasladar a Italia a solicitantes de asilo que ingresaron a la Unión Europea a través de territorio italiano, en medio de una creciente disputa sobre la aplicación del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.
Suecia se convirtió en el último país en anunciar su intención de reactivar estos traslados, después de Alemania, Suiza, Austria y Finlandia, que ya han expresado su voluntad de aplicar las nuevas reglas o han comenzado a devolver personas a Italia.
Los llamados “dublinantes” son solicitantes de asilo cuyo expediente corresponde a otro Estado miembro de la UE, de acuerdo con las normas comunitarias. En el caso italiano, se trata principalmente de personas que ingresaron al bloque europeo por territorio italiano y posteriormente se trasladaron a otros países.
Italia mantiene suspendidos unilateralmente estos traslados desde finales de 2022, alegando dificultades relacionadas con su sistema de acogida. Sin embargo, la entrada en vigor del nuevo Pacto de Migración y Asilo, el pasado 12 de junio, volvió a colocar el asunto en el centro del debate europeo.
Suecia aumenta la presión sobre Italia
El Gobierno sueco confirmó a la agencia italiana ANSA que pretende “aplicar las normas según lo previsto” y expresó su expectativa de que todos los Estados miembros cumplan con sus obligaciones, incluida Italia.
Austria ya habría efectuado cuatro traslados desde la entrada en vigor del nuevo pacto, mientras Alemania, Suiza y Finlandia también han anunciado medidas similares.
Las cifras reflejan la magnitud del problema. Entre 2023 y 2025, otros países europeos enviaron a Italia 109.427 solicitudes de traslado, según datos de Eurostat. Solo durante 2025, Italia recibió 24.152 solicitudes, la cifra más elevada entre los países analizados.
De ese total, unas 14.000 correspondían a Alemania y Francia y quedaron anuladas en virtud de un acuerdo alcanzado a finales de 2025. Permanecen pendientes alrededor de 10.000 solicitudes, incluidas 3.612 procedentes de Suiza, 1.531 de Bélgica, 644 de Austria y 520 de Finlandia.
La Comisión Europea también ha cuestionado la negativa italiana. En su primera evaluación sobre la implementación del nuevo pacto, Bruselas registró 12 rechazos de traslados por parte de Italia entre el 12 de junio y el 7 de julio.
La Comisión sostiene que un Estado miembro receptor no puede simplemente rechazar un traslado y, si no puede recibir a una persona en la fecha propuesta, debe establecer una fecha alternativa.
El nuevo pacto amplía la responsabilidad del país de entrada
Una de las modificaciones introducidas por el nuevo marco europeo es la ampliación del periodo durante el cual un Estado puede ser considerado responsable de un solicitante de asilo.
La responsabilidad del país de primera entrada puede extenderse ahora hasta 20 meses, mientras que las nuevas normas también buscan acelerar los procedimientos. La mayoría de los solicitantes debería recibir una decisión sobre su petición de protección en un plazo de aproximadamente 12 semanas.
No obstante, las autoridades europeas consideran que todavía es demasiado pronto para evaluar el funcionamiento del nuevo sistema. Una evaluación más amplia está prevista para mediados de octubre.
España apuesta por una solución europea
España y Francia han optado por una posición diferente a la de los países que están presionando para reactivar los traslados hacia Italia.
Fuentes del Gobierno francés señalaron que París no se incorporará por el momento a esta estrategia mientras continúe la actual etapa de cooperación con Roma. Ambos países coinciden, además, en la necesidad de trabajar para reducir los flujos migratorios procedentes de Túnez y Libia.
Madrid, por su parte, defiende una respuesta coordinada a escala comunitaria y considera que el problema de los “dublinantes” debe gestionarse mediante los mecanismos europeos de solidaridad contemplados en el nuevo pacto, en lugar de recurrir a expulsiones o restricciones bilaterales.
La posición española llega además en un momento de tensión con Italia por la suspensión temporal del espacio Schengen con España, adoptada por Roma tras la crisis migratoria de Ceuta y prevista, inicialmente, hasta el 31 de agosto.
Meloni enfrenta críticas de la oposición
La disputa también abrió un nuevo frente político para el Gobierno de Giorgia Meloni.
La secretaria del Partido Democrático, Elly Schlein, acusó a la primera ministra de no haber defendido adecuadamente en Bruselas la solidaridad europea en materia migratoria y calificó la situación como un “bumerán” de la política migratoria del Ejecutivo italiano.
Desde la oposición, el ex primer ministro Giuseppe Conte ironizó sobre la situación al afirmar que las repatriaciones “funcionan, pero en nuestra contra”.
El partido Fratelli d’Italia rechazó, sin embargo, que la reactivación de los traslados esté vinculada con las tensiones entre Roma y Madrid. Su eurodiputado Carlo Fidanza sostuvo que se trata de casos correspondientes a un periodo anterior a la entrada en vigor del nuevo pacto y aseguró que las posibles reubicaciones disminuirán considerablemente para quienes ingresaron a la UE después del 12 de junio.
