Bogotá, Colombia, 1 de julio de 2026.– El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó reactivar la extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, máximo jefe del Clan del Golfo, al concluir que la organización criminal actuó sin la «sinceridad» necesaria durante las conversaciones sociojurídicas impulsadas por su Gobierno.
La decisión marca un nuevo punto de inflexión en la estrategia de paz del Ejecutivo colombiano y pone prácticamente fin al proceso de acercamiento que durante casi cuatro años buscó facilitar la desmovilización de la mayor organización criminal del país.
«He firmado el decreto que levanta la suspensión de la orden de extradición del señor alias ‘Chiquito Malo’. Si es capturado inmediatamente debe ser extraditado», anunció Petro a través de su cuenta oficial en la red social X.
Estados Unidos mantiene una amplia acusación por narcotráfico y terrorismo
El líder del Clan del Golfo es reclamado por una corte federal del Distrito Este de Nueva York por delitos relacionados con narcotráfico, conspiración criminal y otras actividades vinculadas al tráfico internacional de drogas.
La situación judicial se agravó en abril pasado, cuando la Fiscalía estadounidense amplió los cargos en su contra e incorporó acusaciones por narcoterrorismo y apoyo material a una organización terrorista extranjera, después de que Washington incluyera oficialmente al Clan del Golfo dentro de su lista de organizaciones terroristas.
Petro acusa falta de compromiso del grupo armado
El mandatario colombiano sostuvo que cualquier negociación entre el Estado y organizaciones armadas ilegales debe construirse sobre la confianza mutua y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Según Petro, ese principio nunca se consolidó durante las conversaciones con el Clan del Golfo, razón por la que decidió retirar la protección temporal que impedía ejecutar la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.
No obstante, el presidente defendió la política de diálogo promovida por su administración y aseguró que el modelo de conversaciones sociojurídicas buscaba combinar el sometimiento a la justicia con programas de desarrollo económico y transformación social en las regiones afectadas por la violencia y las economías ilegales.
El Gobierno reivindica algunos avances en la sustitución de cultivos
Aunque reconoció el fracaso del proceso con el Clan del Golfo, Petro aseguró que la estrategia produjo avances parciales, especialmente en programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
Sin embargo, responsabilizó a sectores de la Fiscalía colombiana y a la política antidrogas impulsada por Estados Unidos de obstaculizar parte de las iniciativas contempladas dentro del proceso.
El Clan del Golfo rechaza las acusaciones del presidente
La respuesta de la organización no tardó en llegar.
El abogado del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, rechazó las declaraciones presidenciales y aseguró que la voluntad de paz del grupo «está plenamente documentada» desde agosto de 2022, cuando Petro asumió la Presidencia.
Según el jurista, durante casi cuatro años se desarrollaron reuniones oficiales, resoluciones presidenciales, mecanismos de verificación internacional y diversos acuerdos con representantes del Gobierno colombiano.
Giraldo afirmó que la acusación de falta de sinceridad desconoce el trabajo realizado por países mediadores y organismos internacionales que acompañaron las conversaciones.
Responsabilizan al Estado por el estancamiento del proceso
El representante legal del grupo también sostuvo que fue el propio Estado colombiano el que retrasó la implementación del proceso al no tener listas las Zonas de Ubicación Temporal, donde aproximadamente 400 integrantes del Clan del Golfo debían concentrarse para avanzar en su sometimiento.
De acuerdo con Giraldo, la infraestructura y los protocolos necesarios nunca estuvieron completamente preparados.
Pese a la ruptura con el actual Gobierno, el abogado aseguró que la organización mantiene la intención de continuar el proceso de conversaciones con el presidente electo Abelardo de la Espriella, al considerar que los acuerdos fueron concebidos como un compromiso entre el Estado colombiano y el grupo armado, independientemente del gobierno de turno.
La decisión de Petro representa uno de los golpes más duros a su política de «Paz Total» y reabre el escenario de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos para la captura y eventual extradición del hombre considerado el máximo líder del Clan del Golfo.
