La Paz, 10 junio.- Dos cabildos celebrados de forma simultánea en La Paz y Sucre han exigido al Gobierno boliviano la declaración de un estado de excepción para hacer frente a la crisis provocada por los bloqueos de carreteras, que mantienen paralizado el país desde hace más de un mes.
Las movilizaciones, impulsadas por sectores sociales y la Central Obrera Boliviana (COB), han generado un fuerte impacto en la vida cotidiana y en la economía, lo que ha motivado a grupos ciudadanos a pedir una respuesta más contundente del Ejecutivo encabezado por el presidente Rodrigo Paz.
En La Paz, una concentración de ciudadanos afectados por las protestas aprobó una serie de resoluciones en las que, además de solicitar el uso de la fuerza para levantar los bloqueos, se exige la renuncia de dirigentes sociales y la detención del expresidente Evo Morales, quien enfrenta una orden de captura en el marco de una investigación por trata de personas agravada.
De forma paralela, en Sucre —capital constitucional del país— otro cabildo organizado por sectores cívicos aprobó medidas similares, reclamando el desbloqueo inmediato de las carreteras, la restitución de la libre circulación y la intervención del Estado para normalizar el tránsito.
La crisis se extiende ya por más de 35 días y ha provocado un creciente malestar social debido al desabastecimiento de alimentos, el encarecimiento de productos básicos y las dificultades en el suministro de combustible. En La Paz, la situación ha afectado incluso al transporte público, la recogida de residuos y algunos servicios sanitarios por la falta de insumos esenciales.
A este escenario se suman pérdidas económicas significativas en sectores como el transporte, la industria y el turismo, con estimaciones que rondan los 2.000 millones de dólares, equivalentes a cerca del 4 % del PIB del país.
El Congreso boliviano aprobó recientemente una ley que regula los estados de excepción, otorgando al Ejecutivo la facultad de suspender temporalmente ciertos derechos y desplegar a las fuerzas armadas, aunque la medida debe ser ratificada por la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas.
En este contexto, el Gobierno mantiene una posición ambigua. Mientras algunos sectores presionan por una intervención inmediata, el Ejecutivo insiste en la vía del diálogo como solución al conflicto, aunque hasta el momento no se han registrado avances significativos en las negociaciones.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, al menos siete personas han muerto por falta de atención médica derivada de los bloqueos, además de tres fallecidos en hechos de violencia y decenas de heridos y detenidos.
La situación política y social en Bolivia continúa siendo tensa, con llamados crecientes a medidas excepcionales para restablecer el orden y garantizar la libre circulación en todo el territorio.
