Washington, 23 de mayo.- El gobierno del presidente Donald Trump anunció este viernes un cambio migratorio que podría transformar radicalmente el proceso para obtener la residencia permanente en United States, al exigir que numerosos extranjeros abandonen el país para solicitar la conocida “green card” desde sus naciones de origen.
La nueva directriz fue comunicada por el U.S. Citizenship and Immigration Services y rompe con una práctica vigente durante más de cinco décadas, que permitía a miles de personas completar el ajuste de estatus migratorio sin salir del territorio estadounidense.
Hasta ahora, estudiantes internacionales, trabajadores temporales, refugiados, solicitantes de asilo y personas casadas con ciudadanos estadounidenses podían tramitar la residencia permanente dentro del país. Con la nueva política, la mayoría deberá regresar a sus países para presentar la solicitud, salvo en “circunstancias extraordinarias”, término que las autoridades no definieron con precisión.
Según explicó USCIS, las visas temporales fueron concebidas para estadías limitadas y no como una vía automática hacia la residencia permanente.
“Los no inmigrantes vienen a Estados Unidos por un propósito específico y temporal. Su visita no debe convertirse en el primer paso hacia la green card”, indicó la agencia en un comunicado oficial.
El anuncio generó preocupación inmediata entre organizaciones humanitarias, abogados de inmigración y comunidades migrantes, que advierten sobre posibles separaciones familiares prolongadas y dificultades legales para quienes no puedan regresar fácilmente a sus países.
Expertos migratorios sostienen que la medida afectaría a cientos de miles de personas cada año. Doug Rand, exasesor sénior de USCIS durante la administración de Joe Biden, estimó que alrededor de 600.000 personas solicitan anualmente la residencia permanente desde dentro de Estados Unidos.
“El objetivo es reducir el número de personas que acceden a la residencia permanente, porque ésta representa el camino hacia la ciudadanía”, afirmó Rand.
El memorando tampoco aclara cuándo entrará en vigor la nueva política ni qué ocurrirá con las solicitudes que ya se encuentran en trámite. Además, abogados especializados alertan de que el cambio podría afectar incluso a inmigrantes protegidos por programas humanitarios o casados con ciudadanos estadounidenses.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración criticó duramente la decisión. Su directora sénior de relaciones gubernamentales, Shev Dalal-Dheini, acusó a USCIS de intentar “desmantelar décadas de práctica migratoria”.
Entre los principales problemas señalados figura la situación de personas provenientes de países donde las embajadas estadounidenses permanecen cerradas o donde existen largas listas de espera para entrevistas consulares. En algunos casos, los tiempos para conseguir una cita migratoria superan un año.
Organizaciones como World Relief advirtieron que la política podría dejar a familias separadas indefinidamente si los solicitantes no logran completar sus procesos desde el extranjero.
El endurecimiento migratorio se suma a otras medidas impulsadas por la administración Trump para restringir la inmigración legal y limitar el acceso de ciudadanos de diversos países a visas y permisos de residencia.
Mientras abogados y organizaciones revisan el alcance exacto de la normativa, miles de inmigrantes permanecen en incertidumbre sobre cómo impactará el cambio en sus procesos migratorios y en su permanencia en Estados Unidos.
