Madrid, 21 abr.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el proyecto de ley que reducirá el número máximo de alumnos por aula y la jornada lectiva del profesorado en Educación Primaria y Secundaria, una reforma educativa que comenzaría a aplicarse de forma progresiva a partir del próximo curso, aunque todavía deberá superar su tramitación en el Congreso y el Senado.
La norma, impulsada inicialmente por la exministra de Educación Pilar Alegría y retomada por la actual titular del Ministerio, Milagros Tolón, establece una reducción de las ratios escolares hasta un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria y 25 en Secundaria, frente a los 25 y 30 actuales.
Además, el texto contempla la reducción de la jornada lectiva del profesorado hasta un máximo de 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y 18 horas en Secundaria y Bachillerato.
El alumnado con necesidades educativas especiales será contabilizado como doble plaza en los centros sostenidos con fondos públicos, una medida que busca ajustar los recursos a la diversidad en las aulas.
Aplicación progresiva hasta 2032
El calendario de implantación será gradual: las nuevas ratios comenzarán a aplicarse en el curso 2027-2028 en Infantil y Primaria, en 2028-2029 en Secundaria y en 2029-2030 en Bachillerato, con plena implementación prevista para el curso 2031-2032.
En el caso de la reducción de jornada docente, el Ejecutivo prevé su aplicación a partir del curso 2026-2027, aunque varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han solicitado ampliar los plazos de implantación.
“La legislatura del profesorado”
La ministra de Educación ha defendido la reforma como un avance estructural en la mejora del sistema educativo. “Dijimos que esta iba a ser la legislatura del profesorado y hoy estamos cumpliendo”, ha señalado Tolón tras el Consejo de Ministros, subrayando que mejorar las condiciones laborales del profesorado repercute directamente en la calidad educativa.
El proyecto fija por primera vez un límite legal homogéneo de horas lectivas para todo el territorio nacional.
Tramitación parlamentaria y debate político
La norma deberá ahora superar su debate parlamentario, donde se prevé la presentación de enmiendas por parte de distintos grupos políticos. El Ejecutivo afronta además el reto de los plazos, ya que el calendario de sesiones ordinarias en el Parlamento finaliza en junio, lo que podría retrasar su aplicación en el próximo curso.
El Gobierno defiende que el proyecto ha sido consensuado con sindicatos docentes y aprobado por unanimidad en el Consejo Escolar del Estado, aunque parte de la comunidad educativa reclama ampliar las medidas de equidad, como el reconocimiento de más situaciones de vulnerabilidad como doble plaza.
El texto también prevé la creación de un índice de vulnerabilidad socioeconómica para identificar centros con mayores dificultades y ajustar recursos en función de sus necesidades.
