Madrid, 21 abr.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que regula el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una estrategia que movilizará 7.000 millones de euros, el triple que el plan anterior, con el objetivo de ampliar el parque de vivienda pública y garantizar su carácter asequible y permanente.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido que se trata de una medida estructural para afrontar el problema del acceso a la vivienda “de hoy y de siempre”, subrayando que no existen soluciones rápidas ni “varitas mágicas”, y apelando a un gran acuerdo de país en esta materia.
El Ejecutivo destaca que el plan ha sido elaborado tras más de 28 reuniones con el sector y la incorporación de unas 400 aportaciones, además de haber sido sometido por primera vez al análisis del Consejo de Estado.
El nuevo esquema de financiación prevé que el 60 % de los fondos provenga del Gobierno central y el 40 % de las comunidades autónomas, que verán triplicados sus recursos para políticas de vivienda. La previsión es que las medidas comiencen a desplegarse en todas las comunidades autónomas durante el segundo semestre del año.
Blindaje del parque público y nuevas ayudas
Entre las principales novedades, el plan establece el blindaje de la vivienda pública y protegida para evitar su descalificación y posible especulación. También incorpora una cláusula antifraude en las adjudicaciones y un sistema de control reforzado con datos públicos para aumentar la transparencia del mercado.
El plan contempla además la distribución de los fondos en tres grandes bloques: un 40 % para construcción, un 30 % para rehabilitación y otro 30 % para ayudas directas.
En materia de apoyo social, el texto incluye ayudas de 300 euros mensuales para jóvenes en alquiler, subvenciones de hasta 15.000 euros para la compra de vivienda en entornos rurales para menores de 35 años, y ayudas de hasta 1.000 euros mensuales para víctimas de violencia de género. También se establece una ayuda general al alquiler de hasta 250 euros para personas con recursos limitados.
Impulso a la construcción y la rehabilitación
El plan prevé ayudas de hasta 85.000 euros por vivienda para la construcción de vivienda pública o en colaboración público-privada, con alquileres limitados a 900 euros mensuales y protección permanente. En municipios pequeños, estas viviendas podrán destinarse a venta bajo régimen protegido.
Asimismo, se contemplan incentivos adicionales para la urbanización de suelo, la industrialización de la construcción y la rehabilitación de viviendas vacías, con ayudas que pueden alcanzar los 30.000 euros si se incorporan al alquiler asequible.
En el ámbito de la rehabilitación, se incluyen subvenciones de hasta 20.500 euros por vivienda para eficiencia energética, además de ayudas específicas para accesibilidad, conservación y rehabilitación en zonas históricas.
Debate político y críticas al plan
El anuncio ha generado reacciones políticas y sectoriales. El socio de gobierno, Yolanda Díaz, ha calificado el plan de “insuficiente”, mientras que la líder de Podemos, Ione Belarra, ha criticado el nivel de inversión en comparación con el gasto militar.
Desde la oposición, el vicesecretario del Partido Popular, Juan Bravo, ha acusado al Gobierno de realizar anuncios sin efectos reales, mientras que asociaciones del sector inmobiliario han advertido de un impacto limitado si no se acompaña de mayor inversión y reformas estructurales.
Aun así, el Ejecutivo defiende que se trata del mayor esfuerzo presupuestario en vivienda pública de los últimos años y un paso clave para intentar corregir uno de los principales problemas sociales del país.
