Madrid, 20 feb.- Más de una veintena de ONG han denunciado la existencia de un mercado negro de empadronamiento en España, en el que se cobra a personas migrantes hasta 500 euros por inscripciones fraudulentas en el padrón municipal. Estas prácticas se aprovechan de las trabas administrativas que enfrentan los extranjeros para acceder a un documento que les garantiza derechos básicos, como la atención médica, la educación o ayudas sociales.
La Coordinadora Estatal Padrón por Derecho, que reúne a organizaciones como Oxfam, Red Acoge y la Coordinadora de Barrios, elaboró un informe de 97 páginas donde expone las dificultades que enfrentan los migrantes y personas vulnerables, incluidos los sinhogar, para ejercer un derecho legalmente reconocido: el empadronamiento.
Redes organizadas que lucran con la necesidad
Según el informe, estas redes ilegales utilizan desde el boca a boca hasta plataformas de compraventa online para ofrecer empadronamientos. A veces camuflan sus anuncios como ofertas de habitaciones con “derecho a padrón” y establecen cuotas de renovación, amenazando con dar de baja a la persona si no pagan, configurando un sistema de extorsión.
«Las tarifas por un empadronamiento ilícito varían según la ciudad, la urgencia y lo que se ofrezca a cambio», señala el documento, que cita casos en Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. Las ONG alertan de un “círculo vicioso de necesidad y oportunismo” que perpetúa la vulnerabilidad de los migrantes.
Consecuencias del empadronamiento denegado
La falta de empadronamiento genera una exclusión social estructural, creando lo que estas ONG llaman “residentes de primera y de segunda”. Entre las principales consecuencias destacan:
- Acceso limitado a la atención médica: Médicos del Mundo atendió en los últimos tres años a 28.700 personas con dificultades para obtener tarjeta sanitaria, incluidos 885 niños y 363 mujeres embarazadas. La exigencia de tres meses de residencia para acceder a la atención médica pone en riesgo la salud pública.
- Exclusión del mercado de alquiler y ayudas sociales: Sin padrón, los migrantes se ven obligados a ocupar viviendas de manera irregular o convivir en pisos con múltiples ocupantes.
- Dificultades para demostrar arraigo: Esto impacta en la regularización migratoria y obliga a muchos a integrarse en la economía sumergida.
- Limitaciones legales y educativas: Los migrantes sin empadronamiento enfrentan barreras para denunciar delitos, matricular a sus hijos en la escuela o acceder a prestaciones básicas.
- Vulnerabilidad de las mujeres migrantes: Las trabajadoras del hogar internas son especialmente afectadas por la falta de reconocimiento legal y social.
Según las ONG, esta situación alimenta la clandestinidad y los mercados negros, lo que constituye una “forma de apartheid suave” donde se explota laboralmente a las personas mientras se les niega reconocimiento jurídico y social.
Propuestas para frenar las prácticas ilegales
Las organizaciones denuncian que muchos ayuntamientos incumplen la normativa vigente al rechazar empadronamientos, especialmente a personas sin domicilio fijo, pese a que la ley permite domicilios ficticios facilitados por los servicios sociales. Además, señalan que se desinforma deliberadamente, se piden requisitos no previstos, las citas están saturadas o se realizan verificaciones domiciliarias intrusivas por parte de la Policía, disuadiendo a los migrantes de empadronarse por miedo a ser expulsados.
Entre las medidas propuestas se incluyen:
- Creación de un observatorio del empadronamiento para monitorear prácticas irregulares.
- Campañas de información y acompañamiento para quienes no tengan domicilio fijo.
- Acciones policiales y judiciales contra las redes explotadoras.
- Establecimiento de sanciones efectivas para los ayuntamientos que incumplan la normativa.
Las ONG insisten en que garantizar el derecho al empadronamiento es clave para integrar social y legalmente a las personas migrantes, reducir la clandestinidad y evitar que prosperen redes que lucran con la vulnerabilidad de quienes buscan regularizar su situación en España.
