Ciudad de México, 4 nov.– La crisis diplomática entre México y Perú alcanzó un nuevo punto de quiebre luego de que el gobierno de José Jerí anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con el país norteamericano tras confirmarse que la embajada mexicana en Lima concedió asilo político a la ex primera ministra Betssy Betzabet Chávez Chino, estrecha aliada del expresidente Pedro Castillo, actualmente procesado por el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.
El gobierno peruano calificó la decisión mexicana como una “injerencia en los asuntos internos del Estado”, mientras que México defendió su actuación, asegurando que el asilo fue otorgado en estricto apego al derecho internacional y a la tradición humanitaria de su política exterior.
¿Quién es Betssy Chávez?
Betssy Chávez, nacida en 1989 en Tacna, es abogada egresada de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, con una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad José Carlos Mariátegui. Antes de ocupar cargos en el Ejecutivo, se desempeñó como abogada del Gobierno Regional de Tacna y en el Congreso de la República, donde también ejerció funciones técnicas y administrativas.
Su carrera política despegó en 2021 al ser elegida congresista por el partido Perú Libre, aunque posteriormente se integró a la bancada Perú Democrático. Durante el gobierno de Pedro Castillo, fue ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, donde enfrentó una censura congresal por su gestión durante una huelga de controladores aéreos. Más tarde, fue designada ministra de Cultura y finalmente presidenta del Consejo de Ministros, cargo que asumió tras la salida de Aníbal Torres.
Procesos judiciales y prisión preventiva
Las investigaciones contra Chávez se intensificaron tras el autogolpe del 7 de diciembre de 2022, cuando fue acusada de conspiración y participación en el intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo. En 2023, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva, medida que derivó en una huelga de hambre de la exministra como protesta.
En septiembre de 2024, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó su liberación inmediata, al declarar fundada una demanda de hábeas corpus. El fallo determinó que Chávez permaneció detenida ocho días sin mandato jurisdiccional vigente y sin la debida motivación judicial. Además, anuló los actos relacionados con la prolongación de su prisión preventiva y aclaró que los jueces podían imponer medidas restrictivas para garantizar su presencia en futuras diligencias.
La Fiscalía peruana desistió posteriormente de solicitar una nueva prisión preventiva. El fiscal adjunto supremo Edward Casaverde explicó que, ante la excarcelación y el vencimiento de los plazos legales, resultaba improcedente extender su encarcelamiento.
De la persecución judicial al asilo político
Tras su liberación, Chávez reactivó contactos con diplomáticos mexicanos, quienes ya habían otorgado asilo a familiares de Pedro Castillo en 2022. Según la Fiscalía peruana, el día del golpe Chávez habría intentado refugiarse en la Embajada de México en Lima, una versión respaldada por la declaración de su chofer, Cristian Martínez Valencia, quien señaló que la entonces ministra pidió dirigirse “con urgencia” a la sede diplomática.
Sin embargo, Chávez negó rotundamente haber buscado asilo en ese momento, afirmando que su destino era su domicilio en La Rambla, y solicitó incluir un informe de geolocalización vehicular como prueba para refutar las acusaciones.
Casi tres años después de aquellos hechos, y tras la intensificación de los procesos judiciales en su contra, Chávez formalizó su solicitud de asilo político, que finalmente fue aceptada por el gobierno mexicano.
México defiende su decisión y Perú rompe relaciones
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) defendió la medida argumentando que se actuó “conforme a la Convención de Caracas sobre Asilo Político” y que la decisión “no constituye un acto inamistoso”. La canciller Raquel Serur Smeke recordó que el asilo “es una institución profundamente arraigada en la tradición mexicana de protección humanitaria”.
Por su parte, el presidente peruano José Jerí anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, acusando al gobierno de Claudia Sheinbaum de “intervenir de manera sistemática en la política interna peruana”. Según el mandatario, este episodio se suma a “una serie de declaraciones y acciones inaceptables” tanto del actual gobierno mexicano como del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quienes en reiteradas ocasiones defendieron a Pedro Castillo.
Pese a la ruptura diplomática, ambos países mantendrán relaciones consulares, según confirmaron las cancillerías, para garantizar la asistencia a los ciudadanos de ambas naciones.
El caso de Betssy Chávez se ha convertido en un símbolo de la tensión ideológica y política entre Lima y Ciudad de México, y podría marcar un precedente en la diplomacia regional respecto al uso del asilo político en conflictos internos latinoamericanos.
