Quebec, 5 oct (Hispanic Post).- Entraron en vigor este sábado en Quebec las nuevas medidas provinciales dirigidas a combatir la obsolescencia programada y fomentar la sostenibilidad de los bienes de consumo, un paso pionero en Canadá hacia una economía más responsable y ecológica.
Las disposiciones, aprobadas por la Asamblea Nacional de Quebec el 3 de octubre de 2023, buscan proteger a los consumidores frente al acortamiento deliberado de la vida útil de los productos y promover su durabilidad, reparabilidad y mantenimiento. Con la nueva normativa, queda prohibido vender bienes cuya vida útil haya sido intencionadamente limitada por el fabricante o distribuidor.
El Ministerio de Justicia y Protección del Consumidor señaló que, desde el momento de la compra, los consumidores deberán tener acceso a información clara sobre la disponibilidad de piezas de repuesto, manuales de reparación y servicios técnicos para sus productos. Esto permitirá que cada comprador tome decisiones informadas y favorezca la compra de productos más sostenibles.
Además, la ley obliga a que las piezas de repuesto y servicios de reparación estén disponibles a precios razonables y puedan ser instaladas utilizando herramientas de uso común, evitando así el monopolio de reparaciones o la dependencia de talleres autorizados.
El gobierno provincial subrayó que el cumplimiento de estas normas será supervisado de manera rigurosa, y que tanto los comerciantes como los fabricantes que incumplan la ley podrían enfrentarse a multas significativas y sanciones administrativas.
Estas medidas forman parte de un marco legal más amplio que refuerza los derechos de los consumidores en Quebec, alineándose con tendencias globales hacia la economía circular y la reducción de residuos electrónicos.
A nivel federal, los Departamentos de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de Canadá completaron en septiembre pasado una consulta pública sobre este tema, señalando que otras provincias canadienses estudian replicar las normas quebequenses.
Con esta iniciativa, Quebec se convierte en la primera provincia del país en adoptar un enfoque integral contra la obsolescencia programada, marcando un precedente en materia de protección ambiental, responsabilidad empresarial y empoderamiento del consumidor.
