WASHINGTON, 15 julio. Una coalición bipartidista de 20 congresistas estadounidenses presentó este martes una nueva versión del “Dignity Act”, un ambicioso proyecto de ley migratoria que busca reforzar la seguridad fronteriza, detener la inmigración indocumentada y al mismo tiempo ofrecer protección legal temporal a trabajadores sin papeles que hayan ingresado antes de 2021.
La propuesta fue anunciada en rueda de prensa frente al Capitolio por sus principales impulsoras: la republicana María Elvira Salazar (Florida) y la demócrata Verónica Escobar (Texas). Ambas legisladoras pidieron al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que permita su discusión inmediata.
Claves del proyecto:
| Medida | Descripción |
|---|---|
| Estatus legal temporal | Para indocumentados que llegaron antes de 2021; permite trabajar legalmente hasta por 7 años. |
| Requisitos | Pago de indemnización, revisión de antecedentes, y reportes regulares al DHS. |
| Renovación del estatus | Condicionada a buena conducta y cumplimiento de reglas. No incluye beneficios federales ni camino a la ciudadanía. |
| DACA | Beneficiarios obtendrían vía a la residencia permanente. |
| E-Verify obligatorio | Para frenar contratación de inmigrantes ilegales. |
| Sistema de asilo reformado | No se permitiría la liberación de solicitantes dentro del país. |
| Más seguridad fronteriza | Aumenta recursos para control fronterizo y actualiza categorías de visas. |
| Financiamiento | Costo cubierto por cuotas e indemnizaciones de los inmigrantes, sin gasto público. |
“Es un proyecto revolucionario que ofrece una solución real a nuestra crisis migratoria: asegurar la frontera, detener la inmigración ilegal y ofrecer una oportunidad a los inmigrantes de larga duración”, declaró Salazar.
Escobar lo calificó como un “compromiso realista y sensato”, y urgió a demócratas y republicanos a superar el bloqueo político que ha paralizado durante décadas una reforma migratoria integral.
La iniciativa se presenta en medio de un endurecimiento del enfoque migratorio del presidente Donald Trump, quien recientemente ordenó nuevas redadas y operaciones masivas de deportación, tras aprobarse un presupuesto que convierte al ICE en la mayor agencia de seguridad del país.
Aunque versiones anteriores del proyecto no lograron avanzar en el Congreso, este nuevo intento destaca por no depender del dinero de los contribuyentes, una estrategia que sus autoras consideran clave para lograr apoyos suficientes de ambos partidos.
