Redaccion, 1 de septiembre.- La crisis financiera de las EPS volvió a encender las alertas entre hospitales, clínicas y demás prestadores de servicios de salud. La Unión Nacional de IPS, UNIPS, reaccionó al informe de la Contraloría General de la República sobre la situación financiera de las aseguradoras durante 2025 y advirtió que el deterioro del sistema ya está presionando la liquidez de la red prestadora.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, uno de los datos que más preocupa al gremio es que, al cierre de 2025, 29,7 millones de afiliados, equivalentes al 56,68 % de la población asegurada, estaban en EPS intervenidas o sometidas a medidas especiales. Para UNIPS, esta cifra muestra que la crisis dejó de ser un problema aislado de algunas entidades y pasó a convertirse en una situación estructural.
El informe también señala que, de las 26 EPS que reportaron información financiera, 17 registraron pérdidas operacionales y solo cuatro cumplieron integralmente con las condiciones financieras y de solvencia. Estas últimas concentran apenas el 1,24 % de los afiliados, lo que significa que la gran mayoría de usuarios está en aseguradoras con algún tipo de fragilidad financiera o bajo intervención.
La cartera de las EPS pasó de $45,89 billones en 2024 a $58,06 billones en 2025, un incremento cercano al 26,5 %. De ese total, $47,9 billones corresponden a EPS intervenidas o sometidas a medidas especiales, según los datos citados por el gremio.
En diálogo con Blu Radio, Jorge Toro, director de UNIPS, calificó como “supremamente preocupante” que solo cuatro EPS cumplan los requisitos financieros. Además, sostuvo que la red prestadora continúa financiando el sistema al atender pacientes y prestar servicios que, en muchos casos, no son pagados oportunamente.
Para hospitales y clínicas, esa situación implica mayores dificultades para pagar nóminas, proveedores, insumos, medicamentos, servicios públicos y obligaciones operativas. El gremio advirtió que, si los recursos no fluyen a tiempo, la presión financiera puede afectar la continuidad de los servicios de salud.
UNIPS también llamó la atención sobre la situación de Nueva EPS. Según la Contraloría, la falta de estados financieros certificados y dictaminados para 2025 limita la posibilidad de evaluar integralmente su situación, pese a que esta entidad concentra más del 20 % de la población afiliada.
Otro punto crítico es la deuda con operadores farmacéuticos, que creció 33,1 %, al pasar de $2,85 billones a $3,80 billones. Para UNIPS, este aumento puede poner en riesgo el abastecimiento oportuno de medicamentos y tecnologías en salud, un componente esencial para garantizar tratamientos y continuidad en la atención.
El gremio pidió al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud, a la ADRES y a la Superintendencia Nacional de Salud tomar medidas urgentes para garantizar el flujo de recursos hacia las IPS, sanear las deudas y fortalecer el seguimiento a las EPS intervenidas.
La organización también se refirió a la reciente designación de agentes interventores en EPS como Famisanar y Coosalud, y pidió que estos procesos sirvan para destrabar pagos pendientes. Según UNIPS, las intervenciones deben traducirse en soluciones concretas para los prestadores y no solo en cambios administrativos.
