Madrid, 20 julio.- El empresario Julio Martínez Martínez, señalado por los investigadores como una figura relevante en la trama relacionada con la ayuda pública concedida a la aerolínea Plus Ultra, afirmó ante el juez de la Audiencia Nacional que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero estaba informado de las gestiones para obtener el préstamo de 53 millones de euros aprobado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021.
En un escrito presentado antes de su declaración judicial, Martínez manifestó su intención de colaborar con la investigación y aseguró que Zapatero conocía “todos los pasos” dados para conseguir la financiación pública destinada a la compañía aérea.
Según el empresario, fue el propio expresidente quien le comunicó aproximadamente diez días antes de la aprobación oficial que el Gobierno concedería la ayuda solicitada por Plus Ultra.
Martínez asegura que Zapatero dirigía la estrategia de asesoría
En su declaración escrita, adelantada por el diario El Mundo y recogida por EFE, Martínez sostiene que él no tenía capacidad para obtener financiación pública o privada por sí mismo y que actuaba como intermediario entre los clientes y Rodríguez Zapatero.
El empresario afirma que, aunque el expresidente no figuraba como accionista, era quien “lideraba” la firma de asesoría Análisis Relevante, administrada por Martínez y considerada una pieza clave en la investigación.
Según su versión, Zapatero utilizaba sus relaciones personales y profesionales para captar clientes y ofrecer servicios de asesoramiento estratégico e internacional.
Entre las empresas contactadas se encontraba Plus Ultra, para la que, según Martínez, se elaboraban informes sobre estrategia y relaciones internacionales. Estos documentos serían preparados por Sergio Sánchez y posteriormente maquetados por Whathefav, empresa vinculada a las hijas del expresidente, mediante un acuerdo mensual de 3.000 euros que se habría mantenido hasta 2025.
Las gestiones para financiar a Plus Ultra comenzaron en 2020
Martínez explicó que el contacto con la aerolínea surgió en mayo de 2020, cuando Zapatero le informó de que los directivos de Plus Ultra podrían ponerse en contacto con él debido a sus necesidades de financiación.
Según su relato, inicialmente se exploraron otras vías, como créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través del Banco Santander o alternativas con entidades financieras privadas, aunque esas opciones no prosperaron.
Posteriormente, al conocerse la posibilidad de acceder al fondo de apoyo gestionado por la SEPI, las gestiones se dirigieron hacia esa alternativa.
El empresario señaló que en julio de 2020 Plus Ultra comenzó a pagar 5.000 euros mensuales a Análisis Relevante y que esos honorarios correspondían al asesoramiento que, según afirma, Zapatero había proporcionado desde meses antes.
Además, indicó que en enero de 2021 la aerolínea firmó un contrato con la empresa Idella, representada por Martínez, por el que se comprometía a pagar un 1 % del préstamo concedido si finalmente se obtenía la ayuda.
El juez investiga un posible pago de unos 530.000 euros
Martínez reconoció en el escrito que la cantidad acordada equivalía aproximadamente al 1 % de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra, aunque aseguró que el pago se aplazó hasta 2026 debido a la presión mediática generada por la operación.
El juez del caso señaló que no existe constancia de que ese importe, unos 530.000 euros, haya sido abonado en España, y considera que esta circunstancia podría reforzar la hipótesis de que el dinero hubiera sido canalizado mediante una sociedad en Dubái.
Según la investigación judicial, esa sociedad habría sido creada presuntamente siguiendo instrucciones relacionadas con Rodríguez Zapatero, extremo que deberá determinarse durante el procedimiento.
La relación empresarial continuó tras la ayuda a Plus Ultra
Martínez aseguró que, después del préstamo concedido a Plus Ultra, la relación profesional con Análisis Relevante continuó debido a asuntos vinculados con Venezuela y problemas técnicos y logísticos de la compañía.
También afirmó que la firma mantuvo contratos similares con otras empresas, entre ellas Softgestor, Inteligencia Prospectiva y Aldesa, para servicios de asesoramiento relacionados con Venezuela y otros asuntos internacionales.
El empresario, a quien la Policía Nacional incautó 286.000 euros en efectivo durante un registro domiciliario, defendió que ese dinero procedía de la venta de activos inmobiliarios y no tenía relación con la investigación.
Por su parte, la representación legal de Plus Ultra presentó un escrito ante el juzgado en el que manifestó su disposición a colaborar y facilitar cualquier comprobación necesaria sobre posibles fallos de control dentro de la empresa.
La investigación continúa abierta para determinar si existieron irregularidades en la concesión y gestión del préstamo público otorgado a la aerolínea en 2021.
