La Habana, 13 julio.- Cuba conmemora el quinto aniversario del histórico estallido social del 11 de julio de 2021 (11J) en medio de una profunda crisis económica, una grave situación energética, protestas frecuentes por la falta de servicios básicos y nuevas denuncias sobre el aumento de los presos por motivos políticos.
El aniversario coincide con un escenario marcado por el deterioro de las condiciones de vida en la isla, agravado durante los últimos meses por una mayor presión económica desde Estados Unidos, que incluye restricciones al suministro petrolero y nuevas sanciones que, según La Habana, han afectado la llegada de inversiones y empresas extranjeras.
Apagones y protestas diarias por servicios básicos
La crisis energética se ha convertido en uno de los principales problemas para la población cubana. Durante esta semana se registraron dos apagones nacionales, elevando a cuatro el número de interrupciones generales de electricidad en lo que va del año.
En la capital, los cortes eléctricos pueden dejar a los hogares con apenas una o dos horas diarias de suministro, mientras que en varias provincias los apagones han llegado a extenderse durante varios días consecutivos.
Ante esta situación, se han multiplicado las protestas ciudadanas, principalmente en La Habana, donde grupos de vecinos reclaman electricidad, agua y alimentos.
Las manifestaciones suelen incluir cacerolazos, bloqueos de calles y quema de basura, como expresiones de descontento frente a la falta de soluciones.
Opositores advierten sobre un posible nuevo estallido social
Sectores de la oposición cubana consideran que las protestas del 11J marcaron un punto de ruptura entre una parte de la sociedad y el Estado.
El opositor Manuel Cuesta Morúa afirmó que la profundización de las carencias económicas y las desigualdades podría generar un escenario similar al ocurrido en 2021.
“Las condiciones actuales llevan a ello”, señaló la opositora Marthadela Tamayo, quien recordó que, aunque no se ha repetido una movilización de la magnitud del 11J, persiste un ambiente de inconformidad social.
Cuesta Morúa sostiene que las protestas actuales reflejan una transformación en la relación entre ciudadanos y Gobierno, marcada por lo que describe como una ruptura del vínculo histórico entre ambos.
Denuncias de represión y presos políticos
Organizaciones de derechos humanos han denunciado un aumento de la represión contra quienes participan en protestas o expresan críticas al Gobierno cubano.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) informó que registró al menos 1.949 acciones represivas durante el primer semestre del año.
Uno de los casos más emblemáticos es el del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, quien fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba incorporarse a las protestas.
Otero Alcántara cumplió recientemente una condena de cinco años por delitos de desacato y desórdenes públicos, pero organizaciones como Human Rights Watch (HRW) denunciaron que no ha sido liberado y que podría tratarse de una salida condicionada al exilio.
Según HRW, alrededor de 800 personas permanecen encarceladas por motivos políticos en Cuba, muchas de ellas relacionadas con las manifestaciones del 11J.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que más de 1.400 personas fueron detenidas tras las protestas de 2021 y han pedido al Gobierno cubano liberar a los presos políticos y detener la represión contra la disidencia.
El Gobierno cubano reivindica el 11J como una victoria
El Ejecutivo cubano mantiene una interpretación diferente de los acontecimientos de 2021 y ha defendido que el 11J representó una respuesta popular frente a lo que considera intentos de desestabilización.
El secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, afirmó este sábado que la Revolución seguirá defendiendo sus principios y calificó el 11J como una “victoria popular”.
Cinco años después de aquellas protestas, Cuba enfrenta una combinación de crisis económica, deterioro de servicios públicos y una creciente tensión entre las autoridades y sectores de la sociedad que reclaman cambios.
